El juzgador resolvió prohibir a los cuatro denunciantes “hacer cualquier comentario en los medios de comunicación en contra del concejo”, ordenó su arresto domiciliario y el pago de una caución económica de Q1 mil 500, tras haber sido acusados de difamación por parte de uno de los concejales de ese municipio.
La querella tiene su origen en una denuncia presentada por los vecinos Óscar Felipe Chavajay, Juan Manuel Chavajay, Rafael Juárez y Juan Marcos Chavajay Roché, que denunciaron al alcalde Edwin Mauricio Méndez Puac, su corporación municipal y a Gabriel Amílcar de León Mogollón, propietario de Sistemas Estructurales y Construcción (Siesco), por la supuesta sobrevaloración de una obra.
El 2 de octubre del 2017 Óscar Felipe Chavajay presentó una denuncia por fraude y peculado por sustracción contra los antes señalados en la Fiscalía contra la Corrupción. En la querella se expone una presunta sobrevaloración, del 53 por ciento, en el techado de una cancha de basquetbol adjudicada por Q4 millones cien mil.
Luego de eso, Domingo Tuch Hi, concejal primero de la comuna cuestionada, respondió con una denuncia contra los cuatro pobladores por difamación, el 30 de octubre, y logró que en menos de 15 días el juez Martínez Ruiz prohibiera a los denunciantes expresar cualquier crítica contra la corporación municipal.
Consultado vía electrónica, el concejal evitó dar declaraciones y rehuyó una cita en San Pedro La Laguna para explicar su denuncia. “Lo que está en papeles eso es; mi abogado hará su trabajo”, escribió el político.
Viola libre expresión
Rodas analizó y condenó la querella legal presentada por Tuch y el acta de la audiencia en la que se prohibió a los vecinos criticar a la corporación municipal en medios de comunicación.
“Aquí lo que se nota es un irrespeto al principio de libre emisión del pensamiento recogido en el artículo 35 de la Constitución. Es preocupante que la autoridad judicial tenga un criterio tan temerario y atentatorio contra este principio”, refirió el procurador.
Rodas destacó un párrafo del artículo 35 que señala que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
El juez Martínez Ruiz, que dictó esa resolución, fue electo el pasado 31 de octubre como magistrado titular de la Corte de Apelaciones por el Congreso de la República.
“Esto es un ejemplo de lo delicado que es la elección de los magistrados por parte del Legislativo y pone un reto a la supervisión de tribunales para que de oficio deba evaluar esto”, explicó Rodas.
Una resolución como esta, detalló el procurador, “envía un mensaje muy negativo, infundir terror en los ciudadanos que se atreven a denunciar a los funcionarios públicos”.
En esta misma línea, Edie Cux, abogado del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana (AC), explicó que el delito de difamación se da únicamente “cuando entre dos particulares se difaman entre sí. En este caso, la crítica a la administración pública no es delito. Lo incongruente es que un juez limite el derecho de expresión y los criminalice por algo que no es un delito”.
Al cierre de esta edición, el Departamento de Comunicación del Organismo Judicial continuaba buscando al juez Martínez Ruiz para obtener su versión de los hechos.
La jurisprudencia recogida sobre libertad de expresión y acceso a la información por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la tendencia latinoamericana es hacia la derogación de leyes que criminalizan la difamación e injuria de funcionarios públicos en países como México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Argentina y El Salvador.
En Guatemala, una sentencia del 1 de febrero del 2006, de inconstitucionalidad general parcial expediente 1122-2005, sostuvo que la crítica dirigida al desempeño de la función pública está constitucionalmente exenta de responsabilidad penal.
Respuesta a auditoría
Cux relató que los vecinos denunciantes participaron en talleres de auditoría social para la identificación de actos de corrupción.
“Estos grupos empiezan por encontrar algo pequeño, como en este caso una cancha, y luego muchas veces llegan hasta estructuras más amplias dentro del Estado. El problema con estas resoluciones es que se criminaliza a los denunciantes de actos de corrupción”, opinó Cux.
El experto detalló que desde las manifestaciones ciudadanas del 2015 cada vez más gente busca capacitarse y denunciar actos anómalos.
“Hay que reforzar la protección de los denunciantes de corrupción”, expresó Cux, quien también advirtió de que las estructuras de corrupción operan en el sistema judicial.
El alcalde Méndez Puac no atendió las solicitudes de entrevista en relación con esta investigación, efectuadas desde el 21 de diciembre del año pasado.
Historial y perfil político del jefe edil
Edwin Mauricio Méndez Puac es originario de San Pedro La Laguna, tiene 43 años y es arquitecto. Compitió por la alcaldía de ese municipio en el 2011, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Fue electo en los comicios del 2015 por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
En el 2016 fue parte de un grupo de 11 alcaldes que fueron señalados por el Tribunal Supremo Electoral por ser contratistas del Estado; sin embargo, un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia lo restituyó en el cargo.
“La sobrevaloración tendría que comprobarla la CGC”
Prensa Libre consultó a Gabriel Amílcar de León Mogollón, propietario de la empresa individual Siesco, denunciada por un grupo de pobladores por la supuesta sobrevaloración del techado de una cancha de basquetbol en San Pedro La Laguna, Sololá.
De León dijo que la presunta sobrevaloración tendría que comprobarla la Contraloría General de Cuentas (CGC) con una auditoría a la comuna.
“Tal vez el MP podría citarme en cierto punto del proceso, pero quienes están siendo investigados son la corporación municipal con el alcalde municipal”, dijo De León.
El constructor aseguró que no han recibido denuncias antes y que opera con normalidad.
El actual alcalde de San Pedro La Laguna, Edwin Mauricio Méndez Puac, fue supervisor de obras municipales en el 2013 en San Marcos La Laguna, y según informes de auditoría de la CGC supervisó obras ejecutadas por Siesco. Esa empresa ha recibido contratos por Q174.34 millones en los últimos siete años.
De León confirmó que Méndez supervisó algunas de sus obras. “Sí, era mi supervisor, pero incluso iba en horarios cuando no estábamos en la obra. Ninguna otra situación”, afirmó el contratista.
La sede de esa empresa se encuentra en la vía 7, 2-55 de la zona 4 capitalina, pero en el lugar funciona una venta de granizadas, según Vilma de Godoy, inquilina del lugar y comadre de De León. En la casa se reciben las notificaciones, que luego se trasladan al empresario.
“Yo puedo registrar mi empresa donde yo quiera, no me lo impide la ley”, explicó De León.
Adquisición
Esta ruta siguió la adjudicación a favor de la empresa Siesco, de Gabriel Amílcar de León Mogollón.
- 1/11/2016: Priorizan cancha
El concejo, encabezado por alcalde Edwin Mauricio Méndez Puac, prioriza techado de
cancha de basquetbol con el acta 51-2016.
- 22/11/2016: Documento irregular
Publican en Guatecompras documento que avala “mejoramiento de calle” para justificar proyecto de techado de cancha.
- 7/2/2017: Pagan estudio
Concejo autoriza pagar Q230 mil por el estudio de construcción del techado a la empresa Edifica Vanguardista, del arquitecto Mario Estuardo Tuyuc Otzoy.
- 28/2/2017: Autorizan pago
El alcalde solicita al Concejo emitir dictamen y se acuerda pagar Q4 millones 470 mil 550 para el techado de la cancha municipal de basquetbol.
- 22/3/2017: Adjudican obra
Con el acta 6-2017 se certifica la adjudicación por Q4 millones 470 mil 550 a la empresa Siesco, de Gabriel Amílcar de León Mogollón.
