El amparo fue planteado en contra del presidente de la República, el ministro de Gobernación y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) en busca de que estos garanticen que las protestas previstas para este lunes, martes y miércoles no violen los derechos de los guatemaltecos.
“Se admite para su trámite el amparo en única instancia promovido por Luisa Fernanda Morales, en calidad de Gestor Judicial del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, contra el presidente de la República de Guatemala, el ministro de Gobernación y el director general de la Policía Nacional Civil. Las autoridades denunciadas deberán dictar las medidas necesarias para proteger los derechos de los habitantes que puedan resultar violados en las actividades anunciadas para los días veintiuno, veintidós y veintitrés de junio de dos mil veintiuno, así como las que puedan convocarse en el resto del mismo mes”, señala la resolución.
Agrega que “deberán asumir acciones que garanticen los derechos a la libre locomoción, la libre expresión del pensamiento, al derecho de reunión y manifestación de las personas en todo el territorio nacional; así como garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente los servicios de libertad de locomoción en los aeropuertos, aduanas y puertos del país. Deberán preservar el orden público, con elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados, que permitan tanto el derecho a manifestarse como también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos”.
Cientos de exmilitares guatemaltecos bloquearon este lunes varias carreteras del país y exigieron un resarcimiento individual de US$15 mil 500 por su intervención en el conflicto armado interno que duró 36 años (1960-1996).
Los veteranos del Ejército guatemalteco evitaron el paso durante algunos momentos de la mañana de este lunes en al menos 10 puntos viales importantes del país centroamericano, y también protestaron frente al Congreso en la capital del país.
La manifestación en Ciudad de Guatemala también avanzó al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, y de igual forma otros exmilitares protestaron en los alrededores del aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la urbe metropolitana.
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Uno de los representantes de los veteranos de guerra, Francisco Calmo, indicó a medios locales que exigen un resarcimiento individual de Q120 (aproximadamente US$15 mil 500) por su participación en el conflicto armado interno.
Calmo dijo que durante la guerra interna “defendimos el honor del país” y “el poder de los ricos”, por lo que instó a la cúpula empresarial del país a respaldar su pedido.
“Estamos peleando un reconocimiento que el Estado nos debe”, añadió Calmo, quien indicó además que la medida sería beneficiosa para alrededor de 300 mil o 400 mil excombatientes.
Los veteranos guatemaltecos pretenden que se tramite en el Congreso la iniciativa 5664 para la compensación económica por la prestación del servicio militar durante el conflicto armado interno, que inició en 1960 y culminó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.
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La mayoría de los bloqueos de este lunes fueron disueltos tras el diálogo de los manifestantes con agentes de la Policía Nacional Civil, según las mismas fuerzas de seguridad.
El conflicto armado interno en Guatemala dejó unas 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados, con el 93 % de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, un 3 % a la guerrilla o fuerzas rebeldes y un 4 % restante del que no se conocen datos, según informes de organismos internacionales.
