PGN reitera que se debe respetar acuerdo de Cicig

Aunque, por orden presidencial, la Procuraduría General de la Nación (PGN) comenzó un análisis del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la jefa de esa dependencia, Anabella Morfín, sostiene que el acuerdo de creación de la instancia internacional está claro  y que  el  conflicto debe resolverse entre el Estado y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU expresó su respaldo al jefe de la Cicig, que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, mientras el presidente Jimmy Morales buscar expulsarlo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La ONU expresó su respaldo al jefe de la Cicig, que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, mientras el presidente Jimmy Morales buscar expulsarlo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Morfín informó  ayer que se estableció una mesa multidisciplinaria, integrada por abogados expertos en Derecho Penal y Constitucional, con el fin de evaluar el marco legal que dio vida a la Cicig, como lo solicitó el presidente Jimmy Morales.


“La mesa está integrada por diferentes disciplinas de la abogacía, entre ellas del área penal, asuntos internacionales, asuntos constitucionales y personal del despacho —coordinadores—, profesionales que se reúnen dos veces por semana para trabajar”, detalló Morfín.

El equipo  trabaja con criterios técnicos previamente establecidos y  espera presentar   el informe al mandatario antes del 17 de mayo; sin embargo, la procuradora, quien termina su período en esa fecha, hizo ver que el proceso era innecesario porque el marco jurídico que creó a la Cicig ya establece la ruta por seguir cuando surgen discrepancias.

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“Lo importante en este caso indudablemente será, anticipando una opinión, una recomendación que en la aplicación del artículo 12 —del acuerdo de creación de la Cicig— se adopte un procedimiento, porque eso es a lo que se obligó al Estado de Guatemala (…) No puede obviarse el cumplimiento de un tratado que se ha celebrado en base a principios de buena fe”, puntualizó la procuradora general.

Ofensiva presidencial

El presidente Jimmy Morales pidió a la PGN, el pasado 20 de abril, durante una actividad militar,  que revisara el acuerdo de constitución de la Cicig, luego de difundir un video en el que un abogado de la comisión, durante una audiencia del proceso Botín Registro de la Propiedad -en el que figuran como señalados el hijo y hermano del Presidente- asegura que el mandato de la Comisión estaría “casi” por encima de la Constitución Política de la República.

“Públicamente le pido a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación —del acuerdo—”, dijo el mandatario durante un discurso, durante un acto del Ejército.

Morales también solicitó, en caso de que la PGN lo considerara necesario, “hacer todos los trámites nacionales e internacionales” porque “ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución”.

Según explicó Morfín ayer, ya se  estableció una ruta de trabajo, la cual consiste en seleccionar los documentos que serán analizados y los criterios que  aplicarán.

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Agregó que una de las últimas fases del análisis del mandato de la Cicig consistirá en hacer el consolidado de la información, a fin de poder entregarle el documento a  Morales antes del 17 de mayo.

“El estudio permite tener elementos para poder discutir ese acuerdo”, explicó la funcionaria, quien lamentó que no se haya hecho antes la consulta a la PGN para poder dirigir la queja contra la Comisión por “la vía que obliga el propio acuerdo de  creación”.

Desde el 27 de agosto último, cuando Morales anunció la expulsión del país de Iván Velásquez, la PGN advirtió de que esa era una decisión equivocada.

Sin embargo, la canciller Sandra Jovel viajó a Estados Unidos para manifestar la  preocupación del Ejecutivo ante el  desempeño de la Cicig en el país, y en una citación en el Congreso aceptó que el Gobierno tiene un problema con el trabajo que actualmente desempeña el jefe de esa instancia internacional.

Según Jovel, el Gobierno está “negociando” con la Organización de las Naciones Unidas  que no se mediaticen los casos que presenta la Cicig y supuestamente se vulnera la presunción de inocencia.

Prepara su salida

Anabella Morfín se prepara para dejar el cargo el próximo 17 de mayo y hasta ayer dijo desconocer quién sería su sucesor.

Morfín negó que tenga intenciones de continuar en la PGN. “Yo creo que todo tiene un principio y un fin, y mi periodo termina el 17 de mayo.  Lo importante es que haya una nueva visión. Aquí hay mucho que hacer, y en ocasiones la variedad de puntos de vista permite fortalecer  las instituciones”, dijo.

La funcionaria dio esas declaraciones al presentar el reglamento del modelo de gestión para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, para fortalecer los protocolos para los menores    que han sido  vulnerados.

El portavoz del Ejecutivo,  Heinz Hiemann, dijo que  Morales anunciará al nuevo procurador general a más tardar el 21 de mayo, cuando regrese de Israel.

  • Artículo 11

Retiro de cooperación

La ONU se reserva el derecho de terminar la cooperación con el Estado:
a) Si el Estado deja de cooperar con la Cicig
b) No adopta medidas legislativas para erradicar aparatos clandestinos y cuerpos ilegales
c) Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional

  • Artículo 12 

Solución de controversias

Toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido.

ONU respalda

El secretario general de la  ONU, António Guterres, reiteró ayer su respaldo a la Cicig y a Iván Velásquez, luego de las críticas vertidas por el presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Guterres, por medio de su portavoz, Stéphane Dujarric, destacó el “importante trabajo” de la Comisión y subrayó la necesidad de luchar contra la impunidad.

En conferencia de prensa, Dujarric recordó que la Cicig es un órgano independiente establecido a través de un acuerdo entre Guatemala y la ONU y que su financiamiento depende de las contribuciones voluntarias de varios países.

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