Comisión que investigaría a la Cicig podría exceder competencia legislativa

El Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo que ordena integrar una comisión que investigue a la Cicig. Aunque el Organismo Legislativo tiene competencia constitucional para crear estas instancias, está limitada a investigar a la administración pública, que no alcanzaría a entes internacionales.

Los diputados aprobaron la creación de una Comisión que investigue lo actuado por la Cicig.  (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los diputados aprobaron la creación de una Comisión que investigue lo actuado por la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Constitución Política de Guatemala, en su artículo 171, explica las atribuciones del Congreso en las que se cuenta “nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional”.

Bajo este mandato, el Congreso aprobó el pasado martes la comisión de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que, aunque no tiene alcances penales, sí puede indagar y, de encontrar algún indicio de ilícito, presentar ante el Ministerio Público las denuncias correspondientes. Es la Fiscalía la única facultada para hacer las investigaciones y persecución penal.

El alcance de esta comisión y su legalidad ya ha sido cuestionado por la misma Fiscalía. Juan Francisco Sandoval jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), señaló que la comisión que investigará a la CICIG “trastoca todo el sistema del Justicia y la separación de poderes”.

Sandoval indicó que analizan el acuerdo que se aprobó en el Congreso, el cual creó la comisión y su legalidad.

En la misma línea, el abogado constitucionalista y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), Alejandro Balsells, ve un conflicto de interés en quienes aprobaron la comisión, lo que de entrada estaría restando legalidad a su existencia.

“La Cicig fue un órgano internacional, además, condujo investigaciones contra muchos de los que votaron por esta comisión y en la Ley Orgánica del Congreso está el tema de conflicto de intereses, pero a ellos no les importa absolutamente nada”, dice Balsells.

A criterio del experto en derecho constitucional, la facultad que otorga la Carta Magna al Congreso es limitada, ya que es para “asuntos específicos de la administración pública”, y la Cicig es una comisión internacional, por lo que sale del mandato.

“Crean una comisión específica para un órgano internacional, lo cual es sumamente absurdo”, insiste Balsells.

El abogado Luis Fernández Molina, también comparte el criterio que no es el Congreso la instancia que puede investigar a un organismo internacional, en todo caso, si es una necesidad de Estado, se debería regir por los propios mecanismos del acuerdo, que remiten hacia las Naciones Unidas.

El criterio de Fernández Molina también incluye un posible conflicto de interés al crear esta comisión porque es un contexto político el que marca su integración.

“Muchos de estos diputados, incluyendo a los de la comisión, están en casos que investigó la Cicig y eso es conflicto de intereses. Está bien que integren esta comisión, pero con otros diputados”, dice Fernández Molina.

La comisión está integrada por cinco diputados: Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas.

Sus atribuciones son:

  • Determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por parte de la Cicig que hayan atentado contra derechos fundamentales de los habitantes de la República de Guatemala.
  • Recabar, evaluar y sistematizar información por cualquier persona, entidad púbica o privada que hayan sido víctimas de acciones ilegales y arbitrarias por parte de la Cicig.
  • Requerir información a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y sus entidades descentralizada, autónomas, semiautónomas, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a las posibles acciones ilegales y arbitrarias realizada por la Cicig.
  • Denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente acciones ilegales o arbitrarias en consenso o bajo instrucciones de la Cicig exigiendo su inmediata destitución del cargo.
  • Invitar a los financistas de la Cicig con el objeto de que compartan información respecto a los recursos proporcionados a dicha comisión y si estos les rindieron informes de los gastos realizados durante su gestión proponiendo que se realice una auditoría forense del mismo.
  • Solicitar información a los diferentes gobiernos sobre el historial profesional del personal internacional que laboró en la Cicig durante el periodo 2007-2019, periodo durante el cual la Cicig.
  • Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, si así fuera el caso, la inmediata extradición del personal que haya elaborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país al cual se considere que haya cometido un ilícito dentro del territorio nacional.

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