Este era uno de los puntos incluidos en el acuerdo especial firmado en 2008 por el cual ambos países se comprometían a celebrar un referéndum que dotara de aceptación popular la decisión de someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia  (CIJ).
 
Hasta la fecha, las complicaciones políticas y las diferencias culturales -en Guatemala las elecciones suelen celebrarse en domingo, mientras que en Belice son entre semana- habían imposibilitado la ejecución del acuerdo.
 
El decreto aprobado por el Congreso, con el apoyo de 88 de los 158 diputados, abre la puerta a la celebración de la consulta “de forma simultánea o separada, en las fechas más convenientes para las partes”, indicó el parlamento.
 
“Este es un acuerdo de tipo político internacional con Belice; con ello estamos cooperando para que el tema sea conocido por los guatemaltecos en cualquier fecha”, explicó el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena.
 
Ante los “problemas económicos”  que podrían surgir por el costo de una consulta popular, Taracena avanzó que se están haciendo “gestiones para obtener apoyo financiero internacional, principalmente con Estados Unidos e Inglaterra”.
 
El ministerio de Relaciones Exteriores aplaudió en un comunicado la decisión del Congreso y aseguró que es un paso más en el camino emprendido por ambas naciones para solucionar este diferendo.
 
En julio pasado el ministro de Asuntos Exteriores de Belice aclaró que su país aún tiene que enmendar su legislación sobre la celebración de referendos, pero, indicó, “el primer ministro, Dean Barrow, ya ha indicado que no está dispuesto a modificar nuestra ley hasta que los guatemaltecos aprueben el mecanismo”.
 
Los dos países mantienen una disputa territorial por el reclamo guatemalteco de cerca de la mitad del territorio de Belice, un país nacido de la colonia que el Imperio Británico formó de facto en el siglo XVIII y que era parte de la Capitanía General instaurada por el Imperio Español en 1540 dentro del Virreinato de Nueva España.