El Congreso de la República aprobó la madrugada de este miércoles 28 de enero una ampliación al Presupuesto 2026 por Q9 mil 326 millones, a solicitud del Ejecutivo, con el objetivo de alcanzar los Q164 mil 163 millones originalmente planteados, monto que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En una jornada marcada por ajustes al gasto público y nuevas tensiones entre los poderes del Estado, los diputados también analizaron reformas legales que modifican el control de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y facilitaron una mayor flexibilidad en su ejecución.

La ampliación presupuestaria responde a la resolución de la CC que, el 30 de diciembre del 2025, suspendió la entrada en vigencia del presupuesto aprobado en noviembre de ese mismo año. Desde entonces, quedó vigente el monto establecido para el 2024.

Con esta ampliación, el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026 pasa de Q154 mil 836 millones a Q164 mil 163 millones, conforme a lo establecido en la iniciativa 6701, que reforma el Decreto 36-2024.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los recursos adicionales se distribuirán en distintos ministerios y entidades. El Ministerio de Educación recibirá una de las mayores asignaciones, enfocada en programas de alimentación escolar, pago de personal y mantenimiento de infraestructura educativa.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá fondos adicionales para fortalecer la atención hospitalaria, adquirir insumos médicos y operar los servicios de primer nivel. En tanto, el Ministerio de Gobernación destinará los nuevos recursos al funcionamiento de la Policía Nacional Civil y a acciones de prevención del delito y control territorial.

La ampliación también contempla recursos para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, enfocados en obras viales, y para el rubro de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que cubre deuda pública, pensiones y otros compromisos legales.

Además, los diputados aprobaron reformas a la ley que flexibilizan la ejecución de fondos por parte de los Codedes, eliminan la obligación de transferir el 100% de sus recursos a las unidades ejecutoras y extienden hasta el último día hábil de marzo el plazo para reprogramar proyectos. También ampliaron de 5 a 30 días el periodo de silencio administrativo para evaluar iniciativas. Aunque los cambios buscan acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, críticos advierten sobre una posible disminución en los mecanismos de supervisión.