Guatemala

Congreso se divide por resolución de la CC sobre la Cicig 

Ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que permite el ingreso del comisionado o comisionada que esté el frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los diputados se dividen en cuanto a si se debe de interpretar la resolución o no de esa forma.

La resolución de la CC causó opiniones encontradas entre los diputados. (Foto: Hemeroteca PL)

La resolución de la CC causó opiniones encontradas entre los diputados. (Foto: Hemeroteca PL)

El diputado Aníbal Rojas, del bloque Visión con Valores, manifestó que hay que determinar sobre el punto legal en el que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se basaron para tomar dicha decisión sin embargo aseguró que conforme pasan las horas se va aclarando el panorama.


“Ahora vemos la reacción del Gobierno en cuanto ese tema, esperamos que ellos hayan hecho su análisis jurídico al respecto para tomar las decisiones que están tomando”, refirió Rojas.

El parlamentario aseguró que sus asesores jurídicos están analizando la resolución porque “nos dejaba algunas dudas, pero el Gobierno por su parte ya tomó una decisión, pero de alguna forma ya analizaron el tema jurídico y en base a eso resolvieron”.

Estuardo Galdámez, integrante del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), manifestó que el Ejecutivo ya tomó una decisión, y la cual se mantiene en no permitirle el ingreso a Iván Velásquez.

“El comisionado debería estar buscando una mudanza para llevarse sus cositas para su nuevo domicilio, y que Naciones Unidas envíe al Ejecutivo las propuestas de quién podría dirigir la Comisión para que la Cicig siga, nadie está hablando mal de la Cicig, lo que no queremos es que venga un comisionado como Iván Velasquez, que vino a ideologizar la justicia, hacerla política y selectiva”, señaló Galdámez.

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El diputado aseguró que es correcto que el Ejecutivo pida la lista porque así es como debe ser, es como el nombramiento de los embajadores, ya que es el gobierno local el que otorga el beneplácito o no. “Como eso no está escrito tendríamos que ver lo establecido con los embajadores a quienes se les da el beneplácito”.

El diputado Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, es de la idea que primero se debe de resolver la controversia con Naciones Unidas y luego se debe permitir el ingreso del nuevo comisionado.

El parlamentario ejemplifico el proceso como cuando alguien va a alquilar una vivienda, primero se conoce al inquilino y luego se determina si se le da en alquiler la propiedad.

Mientras que Nineth Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, manifestó que a un principio sí tenía la duda porque la resolución era ambigua, pero al leer la parte resolutiva la misma dice que se debe dejar entrar al comisionado.

“En la parte resolutiva mandata a las autoridades migratorias y a las autoridades correspondientes a deja ingresar a la persona que en este momento está fungiendo como comisionado; esto es para mí una orden y las decisiones de la Corte se acatan, no se discuten, y al violar una orden de este tipo pudiera vulnerar la institucionalidad y el estado de Derecho y poner en riesgo el orden institucional, lo cual no es lo más adecuado en este momento”, refirió Montenegro.

Soluciones políticas

La líder de Encuentro por Guatemala indicó que debe privar la racionalidad, la objetividad y dejar de pensar en actos personales y pensar en el país. “Hago un llamado a la reflexión, a la madurez, para buscar soluciones políticas negociadas a un conflicto que tiene a la población en medio y que nos tiene divididos”. 

El diputado Amílcar Pop, jefe del bloque Winaq, manifestó que la Corte emitió una resolución bastante mesurada en donde determina que el comisionado que está en el ejercicio de su cargo y sus funciones puede y debe permitirsele el ingreso al país; el presidente o el gobierno de Guatemala puede empezar las diligencias para el cambio de comisionado.

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“Por lo tanto, me parece no procedente el plazo que la Canciller está fijando a Naciones Unidas en virtud de que es un acuerdo negociado entre las partes, no es una decisión de Naciones Unidas. Existe la facultad del Ejecutivo de pedir el cambio de comisionado y eso merece cumplir un procedimiento, pero no es el procedimiento dar 48 horas para que envíen una lista. Se prevé un incumplimiento de una resolución judicial el no permitir el ingreso del comisionado”, señaló Pop.

El diputado Raúl Romero, del bloque Fuerza, considera que la resolución es clara, que el comisionado puede ingresar de inmediato y que instan al Gobierno a continuar a un proceso de negociación para que se busque una solución pacífica, negociada que permita una transición de la Cicig.

“La interpretación y el fondo de la resolución no nos corresponde a las instituciones del Estado. Las resoluciones de la Corte se acatan en el marco de un estado de Derecho. Algunas veces no podemos estar de acuerdo, pero en todo caso hay que respetar la resolución, de lo contrario es desobedecer el órgano constitucional del Estado, finalizó Romero.

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