“Tenemos el camino legal a seguir, es una instancia internacional. Son temas de derechos humanos, a veces resuelven en cuestión de dos días u horas”, aseveró Ríos en una entrevista con CNN en Español.
Ambos justifican la violación del derecho humano de elegir y ser electo, con “daños graves” en consecuencia para el sistema democrático de Guatemala.
Por es confían en que la corte continental podría emitir medidas cautelares para participar en la contienda del 16 de junio, en tanto el proceso jurídico continúa su camino.
Incluso Molina-Barreto confía en que hay antecedentes de los cuales pueden echar mano. En una conferencia de prensa, dijo que el equipo legal encontró un caso en Colombia donde la protección de la CIDH permitió que un alcalde electo no fuera defenestrado por circunstancias similares a las de su partido.
Oswaldo Samayoa, docente universitario en temas de derechos humanos y derecho penal, expuso que la instancia internacional que corresponde es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer el caso de Zury Ríos, las resoluciones en esta instancia no son inmediatas.
Esa instancia, añadió, no puede revertir la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Lo que sí puede -la CIDH- es dar argumentos a los jueces internos para proteger los derechos fundamentales y brindar ciertas observaciones para el cumplimiento de las obligaciones del Estado”, expuso Samayoa.
El experto indicó que si Ríos quiere revertir la decisión del alto tribunal debe llegar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero para poder ir a esa instancia primero debe pasarse el proceso de la comisión.
“Primero debe ser admitido el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego debe pasar un proceso de audiencias y revisiones si fuera admitido. En caso de ser aceptado se rinde un informe de la comisión en donde le emite recomendaciones al Estado y, si no las cumple, entonces puede ir a la Corte Interamericana, pero no puede ella -Ríos- ir a la corte, es la comisión la que lleva el caso”, detalló Samayoa.
El experto indicó que en promedio el proceso en la comisión dura cuatro años y, si las partes requieren la intervención de la Corte, el número de años debe considerar otros cinco años.
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