La nómina de 20 candidatos para el Tribunal Supremo Electoral (TSE)   2026-2031 incluye perfiles cuya trayectoria pública y profesional los relaciona con  sectores como la justicia y la política gremial.

Otros están marcados por señalamientos judiciales y uno fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre los expedientes presentados figuran nombres mencionados en las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), bajo la jefatura de Francisco Sandoval, por los casos Comisiones Paralelas y Comisiones Paralelas 2020, que abordaron presuntas negociaciones para influir en la elección de cortes de justicia.

La nómina también integra a profesionales que desde juzgados o salas de apelaciones que han emitido resoluciones polémicas.

Las candidaturas han generado reacciones de distintos sectores. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett, emitió un pronunciamiento en el cual señala que las autoridades universitarias guatemaltecas "abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE".

Según la declaración oficial, este sector priorizó intereses propios por encima del bienestar nacional y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.