Denuncian a gerentes de EPQ que avalaron contrato

EG denunció que seis autoridades más de la Portuaria Quetzal (EPQ) avalaron el contrato con TCQ, por lo que solicitó al Ejecutivo destituirlos.

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Una fracción de terreno de la EPQ se dio en usufructo a la firma Terminal de Contenedores Quetzal, negociación que fue avalada por varios funcionarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Una fracción de terreno de la EPQ se dio en usufructo a la firma Terminal de Contenedores Quetzal, negociación que fue avalada por varios funcionarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La denuncia se realizó en  contra del gerente de Ingeniería y Mantenimiento, Mariano Cruz; del gerente de Operaciones, Rony León Marroquín;  del jefe de la Unidad de Asesoría y Planificación, Álvaro Rocael Molina Herrera; del gerente de Seguridad Integral, César Francisco Nájera; de la jefa de la Unidad de Comercialización, Rossy Johanna Farnes Posada, y del jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, José Abraham Ruano Cerna.

La diputada Nineth Montenegro, jefa del bloque Encuentro por Guatemala (EG), reveló que los señalados elaboraron y avalaron un dictamen en el que se estableció que la oferta presentada por TCQ cumplía con todos los requisitos de orden legal y técnico que se establecían en la EPQ para el otorgamiento del usufructo oneroso.

El dictamen emitido el 21 de junio del 2012 considera “procedente acceder a la solicitud presentada por la entidad TCQ en el sentido de otorgar en usufructo oneroso una fracción de terreno”.

El documento establece que el contrato puede hacerse por 25 años y que se pagará US$0.20 —Q1.54— por metro cuadrado, y un 25 por ciento por el aprovechamiento del espacio marítimo.

“Ellos lo firmaron, avalaron el contrato que hoy se señala de ilegal y siguen trabajando para la EPQ. Vemos que puede haber conflicto de interés y abuso de autoridad”, manifestó Montenegro.

Silencio

Prensa Libre buscó a los señalados; sin embargo, en la EPQ informaron que  ya no laboran Nájera Avendaño, Farnes Posada y Ruano Cerna. Una secretaria, quien no reveló su nombre, indicó que ninguno de los  otros señalados daría  opinión alguna respecto a la acusación de los diputados de EG. También se llamó al sindicato, pero no respondieron en la planta telefónica.

Según Montenegro, no ampliarán la denuncia presentada al MP; no obstante, hicieron una solicitud pública para que se realice una investigación de las personas que avalaron el contrato.

“Esa comisión —que formaron los señalados— se pronunció negativamente en que la empresa TCQ se constituyó con Q5 mil pese a buscar un contrato millonario, tampoco que la misma tenía un mes de haberse inscrito en el Registro Mercantil. No me cabe duda que ahí hay algo que debe  investigar el Ministerio Público”, manifestó. También insistió en que el Ejecutivo debe destituir a los señalados.

La ruta de un negocio irregular

El 14 de junio del 2012 la entidad TCQ solicitó al interventor de EPQ otorgar 348 mil 171.81 metros cuadrados en calidad de usufructo por un plazo de 25 años prorrogables en Puerto Quetzal para el desarrollo, construcción y operación de una terminal especializada de contenedores.

TCQ se presentó como una filial de Group Maritim TCB, S.L. en Guatemala.

El proyecto se presentó como una terminal con instalaciones operativas de primer mundo.

El contrato de usufructo oneroso entre EPQ y TCQ se firmó el 11 de julio del 2012.

El 1 de septiembre del 2015 la Contraloría General de Cuentas pidió a la Procuraduría General de la Nación declarar lesivo el contrato de usufructo.

El 15 de abril del 2016 el MP y la Cicig capturaron a nueve personas y giraron órdenes internacionales de detención contra otras cinco que estarían implicadas en un caso de corrupción por el usufructo entre TCQ y EPQ. Se involucró al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por ser los máximos beneficiados.

El 28 de abril del 2016, el mandatario Jimmy Morales ordenó a la PGN realizar actos judiciales para declarar la nulidad en el usufructo de TCQ.

El 28 de mayo del 2016 la PGN presentó demanda de nulidad del contrato de TCQ.

El 2 de junio del 2016 el Ejecutivo decidió la intervención de TCQ y nombró como interventor al abogado  Alexander Aizenstatd.