Los fondos que otorgue el del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), serán trasladados al Fondo Social de Solidaridad, quien se apoyará con la coordinación de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.
Las condiciones
El BIRF fijó un plazo de 33 años para que el Estado cancele los Q351 millones, con seis años de gracia a partir de la fecha de aprobación del financiamiento.
Los intereses serán del cuarto del uno por ciento (0.25%) del total del dinero pactado, de acuerdo con el Convenio de Préstamo.
Beneficiarios
Los fondos están destinados a la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur que incluye los municipios de Mixco, Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula y Villa Canales.
El Proyecto se implementará en algunos de los barrios marginales urbanos más pobres y de mayor crecimiento en el país, beneficiando de manera directa a la población que se encuentra dentro de los 40% más pobres, según el documento del préstamo.
La implementación será coordinada con un paquete complementario de asistencia técnica reembolsable de US$1.2 millones para la preparación de paquetes de infraestructura básica en comunidades seleccionadas por medio de donantes claves que trabajan en la prevención de la violencia, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la Cooperación Internacional Alemana y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Difícil de fiscalizar
El abogado investigador de Acción Ciudadana Edi Cux García opina que los préstamos a mancomunidades, fideicomisos y otras entidades carecen de controles y hacen que los recursos no lleguen de manera efectiva a la población o se vayan diluyendo, y en algunos casos solo representan un beneficio político.
Destino
Según el gerente de la referida mancomunidad, Thomas Henry, el dinero servirá para desarrollar infraestructura en lugares cuyos vecinos no cuentan con servicios básicos. “Consiste en llevar soluciones a áreas precarias. La gente ha venido a vivir a los lugares conurbanos de los municipios, pero no hay infraestructura”, enfatizó.
El gerente explicó que aunque no ha sido aprobado el préstamo en el Congreso, ya comenzaron con el diseño de los proyectos que implementarán, uno por cada municipio.
Por los antecedentes en el manejo de esos recursos y la situación del Congreso, Cux García duda del destino del dinero.
“Está el sistema que ya conocemos del pago de favores, las prebendas que existan entre el Ejecutivo y el Congreso. Llama la atención que esto suceda después de toda la crisis que se está generando”, añadió.
