Esta es la ruta que sigue el gobierno para comprar la vacuna de Moderna

Un acuerdo de confidencialidad y una iniciativa de ley exprés es la ruta que se traza el gobierno para la adquisición de la vacuna.

Amelia Flores, ministra de salud, en una citación con la bancada UNE. (Foto Prensa Libre: Twitter @UneBancada)
Amelia Flores, ministra de salud, en una citación con la bancada UNE. (Foto Prensa Libre: Twitter @UneBancada)

El gobierno informó en las últimas semanas que negocia con Moderna Inc la compra de 5 millones de vacunas. Sin embargo, previo a concretar la adquisición, el Ejecutivo informó que debe firmar un acuerdo de confidencialidad y promover una iniciativa de ley en el Congreso. Esta es la ruta que pretenden seguir las autoridades.

A diferencia de otros países de la región, el gobierno de Guatemala aún no precisa la fecha concreta en la que empezará a vacunar a la población. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) inició las primeras negociaciones en julio mediante el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, a través del cual comprará dosis para el 20 por ciento de la población (3.37 millones de personas).

Además de esta compra, el gobierno mostró interés en adquirir la vacuna que ofrece la farmacéutica estadounidense Moderna. Se prevé comprar 5 millones, pero como se requieren dosis dobles alcanzarán para 2.5 millones de personas.

La semana pasada, el presidente declaró públicamente que para concretar el negocio Moderna exige un acuerdo de confidencialidad. Sin dar mayores detalles, informó que eso incluye valor monetario y logística de movilización.

Al consultar al respecto, Patricia Letona, secretaria de comunicación social de la Presidencia, dijo que este acuerdo también implica que no se revele información sobre el desarrollo científico de la vacuna, sus costos de producción ni su precio.

“De conformidad con el acuerdo, se podrá conocer el precio de la vacuna hasta que sea autorizado por escrito por Moderna”, dijo la funcionaria.

Este acuerdo aún está en fase de negociación y no se ha firmado. La secretaria de comunicación social no reveló más detalles, puesto que el acuerdo es confidencial, aseguró.

Paralelo a ello, el gobierno solicitó al Congreso que apruebe una iniciativa de ley para que se autorice al Ministerio de Finanzas utilizar los fondos no ejecutados del decreto 13-2020, aprobados en marzo por la emergencia sanitaria, para la compra de la vacuna.

Según explicó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci en una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), actualmente la legislación no permite hacer compras directas internacionales ni dar los anticipos que exigen las farmacéuticas. Por esta razón quieren impulsar la ley.

De momento el Ejecutivo no ha revelado qué aspectos modificarán al decreto de presupuesto. Pero la estrategia del gobierno, desde ya, generó cuestionamientos.

Dudas

Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y experta en salud pública, dice que es falso que la legislación actual no permita hacer compras directas internacionales.

La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) en su artículo 5, explica Slowing, establece que los organismos y entidades del Estado pueden importar bienes y suministros cuando éstos no se produzcan en el país o proveedores acreditados en el país. Este es el caso de la vacuna, ya que todas son producidas por farmacéuticas internacionales.

Slowing considera que, probablemente, el acuerdo de confidencialidad incluye aspectos que no están regulados en la LCE, como la no revelación del precio o cláusulas, por ejemplo. Por ello el gobierno se ve en la necesidad de impulsar una iniciativa de ley.

El problema, agrega la entrevistada, es que el Ejecutivo no ha informado qué incluirá la iniciativa de ley, tampoco con cuánto presupuesto dispone para la vacuna y el plan de vacunación, entre otros aspectos que son primordiales conocer previo a concretar la compra. Además, cuestiona si los congresistas o la Contraloría General de Cuentas tendrán acceso al acuerdo de confidencialidad, o si se legislará a ciegas.

Erick Coyoy, economista, cuestiona el hecho que el gobierno deba ceder a firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que los precios se han filtrado en otras partes del mundo. De igual forma, los laboratorios pueden patentar las fórmulas que utilizaron.

“Como suceden con medicamentos, las vacunas registran patentes y así salvaguardan sus intereses económicos por la inversión que hicieron en el curso de la investigación”, dice Coyoy.

Urge aprobar ley de vacunación

La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, Nancy Sandoval, recuerda que ya hay una iniciativa de Ley de Vacunas, la 5342, que se empezó a trabajar desde 2015 con el aval de la comunidad científica.

De aprobarse, este marco legal garantizaría el derecho de la población a adquirir vacunas, no solo la de coronavirus, sino todas las que son necesaria para la salud. Actualmente está pendiente de tercera lectura en el Congreso.

Sandoval instó al Legislativo a agilizar la aprobación de esta ley y que se incluya un apartado que contemple la adquisición de vacunas en caso de emergencia, como la que se vive actualmente con la pandemia.

Esto sería mejor que impulsar iniciativas improvisadas cada vez que surge una calamidad, recalcó la presidenta de la Agei.

Confidencialidad

Julio Valdés, exsecretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), explica que estos acuerdos de confidencialidad son recurrentes cuando se producen una innovación, como el caso de la vacuna contra el coronavirus.

“Cuando un fabricante quiere registrar un medicamento o vacuna en un país tiene que presentar la documentación de cómo se fabricó. Pero el fabricante cuida la confidencialidad del desarrollo de la investigación. En el marco de la propiedad intelectual eso se llama protección datos de prueba”, explica.

No obstante, el gobierno de Guatemala debería negociar algunos aspectos básicos. Por ejemplo, que el precio sea razonable y similar al que se ofrecerá en otros países de la región. Además, que la entrega sea en un tiempo prudencial y que la farmacéutica informe cuáles pueden ser las reacciones adversas al aplicarse la dosis. Esto último es algo normal en cualquier medicamento.

Por su parte, Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que el marco legal de la LCE se queda corto, ya que la inversión que se necesita hacer es elevada. Por lo tanto, es necesario impulsar una reforma. “El gobierno tendrá que tocar la puerta del Congreso y buscar reforma concreta”, dijo el entrevistado.

El salubrista coincide con Quezada con que es necesario impulsar una iniciativa de ley en el Congreso, ya que la legislación permite compras internacionales, pero a través de organismos como OPS/OMS o Comisca.

Consultado sobre ello, el subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín, dijo que la LCE sí permite a las entidades del Estado realizar compras directas internacionales. De momento desconoce cuál es el plan del gobierno para agenciarse de la vacuna, por lo que no opinó sobre ello.

Para esta nota, Prensa Libre consultó vía correo electrónico a la farmacéutica Moderna Inc los detalles sobre el acuerdo de confidencialidad, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.