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Corrupción: El procurador dijo que la corrupción tiene un impacto negativo, tanto en los derechos civiles como políticos, económicos sociales y culturales, resaltando el Índice de Percepción de de Corrupción, donde Guatemala se encuentra en la posición 144 de 180 países analizados.
“Estoy plenamente convencido de que, a más corrupción, menos derechos humanos. La corrupción socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos y menoscaba la calidad de vida”, expresó.
Inversión privada y minería: Rodas enfatizó que para que haya una certeza en la inversión privada, se debe cumplir fielmente con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente a lo referente a autorizaciones de proyectos extractivos sin las debidas consultas previas a los pueblos involucrados.
Prisión preventiva: El retardo en los procesos judiciales es una herencia que se viene arrastrando por décadas, principalmente contra las personas de condición más humilde.
“Son demasiados los casos documentados en que las personas privadas de libertad cumplen la pena máxima sin haber sido escuchados por un juez”, dijo Rodas, quien aconsejó fortalecer el Ministerio Público y promover un mejor acceso al sistema de justicia.
Condiciones de la PNC: El procurador denuncia las condiciones precarias en las que prestan sus servicios los diferentes cuerpos policiales, lo que viola la dignidad de los agentes.
“Es preciso poner atención al desmantelamiento de un esfuerzo sostenido durante años para fortalecer y profesionalizar la Policía Nacional Civil y que se reflejaba en la disminución de los índices de homicidios y en una mejor calificación ciudadana sobre el desempeño de la institución”, denunció.
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Protección a activistas: La PDH denunció que en el último año fueron asesinados más de 20 defensores de los derechos humanos, quedando los casos en la impunidad, cuando es deber del Estado garantizar la seguridad para todos los ciudadanos.
Migración: La reciente ola migratoria es la consecuencia de la falta de oportunidades de una vida digna en el país, dijo el procurador.
“La migración desarticula las comunidades. La aspiración al “sueño americano” se convierte muchas veces en una pesadilla, que tiene nombres y apellidos, como el caso de la niña Jakelin Caal Maquin, muerta en de diciembre de 2018 y, pocos días después, Felipe Gómez, de apenas 8 años”, enfatizó.
Desnutrición: Según el informe, en el país prevalecen las altas tasas de desnutrición: casi uno de cada dos niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. “Combatir la pandemia de la desnutrición debe ser una prioridad política de Estado”, afirma.
Violencia contra la mujer: “Esta tiene distintas manifestaciones: psicológica, física, sexual y económica. Tristemente la violencia económica contra las mujeres se ha incrementado de manera desproporcionada”, denuncia el procurador, aunque reconoce los avances que ha habido en la cultura de denuncia, así como la atención en estos casos brindada por el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
Poca inversión en educación: El informe denuncia que el presupuesto para este rubro en el país es uno de los más bajos de Latinoamérica. Como consecuencia, aumenta la deserción y el fracaso escolar, aunque se valora el incremento este año en el presupuesto en educación pública.
Salud: “He recorrido las 22 cabeceras departamentales, supervisando la administración pública y pude constatar fehacientemente que la atención en la red hospitalaria es precaria, por más buena voluntad que tengan los trabajadores del sistema; las instalaciones se encuentran en malas condiciones, y a pesar de contar muchas veces con abastecimiento, faltan medicamentos e insumos de alta rotación. Así también debe aumentarse el personal médico y paramédico, y retribuirles con salarios dignos y justos”, dijo Rodas.
Gestión de riesgo: Para la PDH, la tragedia del Volcán de Fuego, ocurrida a principios de junio del 2018, refleja la poca capacidad institucional del Estado para prevenir, reaccionar y brindar atención posterior a las víctimas.
Salario mínimo: El derecho al trabajo tuvo un golpe “nefasto e histórico” con el congelamiento del sueldo mínimo, que vulnera los derechos laborales.
Discursos de odio: El procurador advirtió en el Pleno de que ha habido graves retrocesos en materia de derechos humanos, representados, por ejemplo, en el hecho de que en el Estado se ha instalado un discurso de odio “hacia quienes piensan diferente”, disiente del sistema, ejerce su derecho a la crítica o defiende los derechos garantizados en la Constitución Política.
“Este ambiente de tensión e incertidumbre hace daño a la convivencia pacífica entre guatemaltecos, pues exacerba la intolerancia y agrede la dignidad humana”, advierte el magistrado de conciencia.
Sabotaje a la Cicig: Rodas denunció que el Estado ha atacado y neutralizado “al único instrumento de cooperación internacional eficaz en la lucha contra la corrupción”, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, incumpliendo tratados internacionales y promoviendo normas encaminadas a tolerar la corrupción y el crimen.
El informe también aborda otras recomendaciones como la abolición de la pena de muerte, contrarrestar los embarazos en menores, respeto a la comunidad LGTB, una mejor atención a la población joven y a los adultos mayores, así como población con capacidades diferentes.
“No está de más subrayar que los retrocesos institucionales y programáticos en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de respeto de las libertades civiles y políticas, repercuten negativamente en la calidad de vida de los habitantes, en la paz social y en los indicadores clave del desarrollo y el crecimiento económico”, puntualizó el procurador.
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