Las 12 justificaciones del Gobierno de Jimmy Morales para anular el mandato de la Cicig

Este lunes, la ministra de Relaciones Exteriores dijo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se dará por concluido.

La funcionaria afirmó que se entregó una notificación oficial al secretario general de la ONU, António Guterres, para notificar que después de 24 horas de informado, se concluye con el mandato de la ONU, lo que ocurriría mañana martes, a eso de las 15.00 horas.


Como justificación de esta decisión, Jovel enlistó varios sucesos, algunos que se contradicen entre sí.

A continuación los puntos expuestos por el Gobierno de Jimmy Morales

  •  “Guatemala sostuvo 16 meses de diálogo, desde agosto del 2017 hasta la fecha. Además, hubo dos visitas del presidente a la ONU y Guatemala entregó un documento oficial para abordar las preocupaciones del país sobre Cicig”.

El diálogo con la ONU comenzó después de que el presidente Jimmy Morales declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. La Corte de Constitucionalidad (CC), frenó la expulsión del colombiano y ordenó que el Ejecutivo abordara la situación de la Cicig de forma conjunta con la ONU.

  • “Reuniones solicitadas por la misión de Guatemala en la ONU que no dieron resultados”. “El secretario no escuchó al Estado de Guatemala y sí a terceros”. “El acuerdo de crear una mesa técnica no se llevó a cabo”.

Según Jovel, pese a las constantes peticiones y denuncias ante la ONU, el secretario general no accionó, pero también menciona que se acordó formar una mesa técnica y que Guterres se comprometió a enviar a Guatemala un listado de tres personas que sustituirían a Iván Velásquez como jefe de la comisión.

  • “Injerencia de Iván Velásquez en asuntos internos, hubo presión a diputados”

En abril del 2016 se propuso de parte de los jefes de los tres poderes del Estado, Ranulfo Rojas, del Organismo Judicial, Jimmy Morales, del Ejecutivo y Mario Taracena, de Organismo Legislativo, un Diálogo Nacional para reformas a la Constitución.
El proceso se acompañó por la Secretaría Técnica, integrada por Thelma Aldana, fiscal General; Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos.

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  • “Guatemala tomó la decisión soberana de retirar privilegios e inmunidades. Un investigador desafió a las autoridades guatemaltecas haciendo uso de fallos cuestionables”.

El 21 de diciembre, la CC resolvió que la Cancillería debía renovar en un plazo de 12 horas las visas de cortesía y devolver los privilegios e inmunidades que esta conlleva. El investigador colombiano, Yilen Osorio Zuluaga, intentó ingresar el 5 de diciembre al país, pero fue retenido por personal de Migración, la CC ordenó entonces que se permita su ingreso.

  • “El secretario general utilizó un fallo de la CC para mantener a Iván Velásquez en la Cicig”. “La CC se extralimitó en sus funciones”.

En septiembre del año pasado, la ONU confirmó a Iván Velásquez como jefe de la Cicig, pese a que el Ejecutivo había solicitado un listado de posibles sustitutos. En su comunicación, Guterres indicó que “tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar el trabajo en Guatemala, por el impedimento que puso el Ejecutivo y que posteriormente la CC ordenó abstenerse”, pidió a Velásquez que nombre un comisionado adjunto para continuar la labor en Guatemala, tras consulta con las autoridades.

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  • “Cicig hace una persecución selectiva”. “Ha violentado los Derechos Humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros y violaron el derecho de presunción de inocencia”. “Nunca hubo un caso realmente real”.

La Cicig, en apoyo al Ministerio Público, ha presentado varios casos de corrupción, entre ellos La Línea, Cooptación del Estado, Iggs-Pisa, Amatitlán y otros en los que se señala a exfuncionarios de Gobierno, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Las quejas del gobierno sobre la violación a la presunción de inocencia se deben a que Velásquez, junto a la exfiscal general, Thelma Aldana, presentaron en conferencia de prensa varios de estos hechos.

  • “La Cicig fue creada para combatir los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales, pero después de 11 años es evidente que no pudo realizar esa labor”.

La Cicig comenzó su mandato el 12 de diciembre del 2006, luego de firmar un acuerdo entre el Gobierno y las ONU, que fue aprobado por el Congreso el 1 de agosto 2007.

Según el acuerdo de creación, esta entidad tenía la labor de “apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad  y aparatos clandestinos de seguridad y  cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.

Desde el 2008, la comisión ha colaborado con la investigación de unos 80 casos.

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  • “El presidente Jimmy Morales ha dejado que se hagan investigaciones en su contra”

El Ministerio Público solicitó en dos ocasiones el retiro del antejuicio del mandatario: La primera, en compañía de la Cicig, fue en agosto del 2017 para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral del 2015.
La segunda solicitud fue interpuesta en septiembre del mismo año, por posible enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad debido a que recibió un bono militar de Q50 mil.

En las dos ocasiones el Congreso evitó retirarle la inmunidad. Además, el mandatario ha recibido otras seis solicitudes de antejuicio promovidas por diputados, fundaciones, ciudadanos y Coperex.

Víctimas de Cicig

Según el mandatario y Jovel, son varias las personas que resultaron víctimas de la Cicig y quienes podrían demandar a la ONU para solicitar un resarcimiento.

Jovel mencionó que la comisión ha utilizado como testigos en esos casos a “criminales convictos por crímenes como secuestro”.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por el mandatario este lunes, varios de los acusados en casos de la Cicig estuvieron presentes para mostrar su respaldo al mandatario y este les dio varios minutos para explicar sus casos.

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El presidente asegura que la familia rusa Bitkov es víctima de persecución de la Cicig, debido a que la comisión tiene conexión con la mafia rusa.
En la conferencia, la ciudadana rusa Irina Bitkova denunció violaciones a sus derechos humanos y de sus hijos, en especial de un hijo menor de edad y afirmó que la Cicig los persigue siguiendo órdenes del gobierno ruso.

El mandatario afirmó que el caso de Andrés Zimeri “evidenció la violaciones y atropellos de la Cicig en el país”. Este caso se refiere a la denuncia del joven y su familia por las lesiones que sufrió en una riña con funcionarios de la Cicig durante un encuentro de futbol, en junio de 2017 en una cancha de la zona 14 capitalina. 

Enrique Zimeri, padre, del joven, afirmó en la conferencia junto al mandatario, que interpuso una queja en contra el comisionado Iván Velásquez ante la Organización de las Naciones Unidas y cuestionó que la Cicig haya solicitado las grabaciones que registraron la pelea al establecimiento deportivo, por considerar que no se trata de una competencia de la entidad.

Según Morales, los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz fueron señalados como autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en mayo del 2009, pero después de ocho años en prisión preventiva fueron absueltos.
Sin embargo, en este caso, la prisión preventiva tardó tres años y no han sido absueltos, sino que sigue en discusión la probabilidad de que enfrenten debate oral y público. En la conferencia de Morales, intervino Francisco Valdés Paiz, quien recordó que su caso “fue el primero en el que la Cicig utilizó a los llamados colaboradores eficacez, mentirosos todos, que han dicho mentiras con el fin de salvarse”. 

El exministro de Gobernación, Carlos Vielman, fue acusado de ejecución extrajudicial en el caso Pavo Real, por la muerte de varios reos en la cárcel de Pavón y fue absuelto en España.
En un nuevo caso, denominado Plan Gavilán, Vielman fue acusado por ejecuciones extrajudiciales y tortura y permanece en prisión preventiva por este último delito.
En la conferencia, Carlos y Maite, hijos del exfuncionario aseguraron que presentaron una queja ante la ONU y que los testigos de la Cicig son exconvictos.

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