El documento fue presentado el 30 de noviembre en nombre del exembajador McFarland por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS).
El amicus curiae se presenta en el marco de un amparo interpuesto por ciudadanos y abogados guatemaltecos, solicitando la intervención de la CC al señalar riesgos en la preservación de la democracia y la alternabilidad de poder, el cual se otorgó provisionalmente en octubre de 2023.
En el escrito dirigido a los magistrados de la CC, firmado por McFarland y Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, se destaca que “preservar la independencia de los organismos electorales encargados de tomar decisiones sobre reclamaciones electorales” es una obligación del Estado, así como “garantizar una administración de justicia equitativa, autónoma, independiente e imparcial”.
Intervención de McFarland
En el amicus curiae, McFarland expresa su preocupación por la situación actual en Guatemala y comparte con la máxima Corte los estándares internacionales que contempla pertinentes para evaluar las acciones entre “ataques sistemáticos y selectivos” que considera afectan al partido Semilla, sus miembros, candidatos y votantes.
El escrito aborda “la instrumentalización las investigaciones y procesos penales para socavar los órganos electorales independientes y servir a fines políticos”.
El exembajador argumenta detalladamente que estas acciones “violan normas jurídicas internacionales”, incluyendo las obligaciones del Estado guatemalteco relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y la no imposición de restricciones indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Repasa además hechos de la política reciente en Guatemala, como el registro del Movimiento Semilla como partido político en julio de 2017, y la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dos años después.
También cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021, que señaló graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, resaltando ataques a la independencia judicial. Y que la salida de la CICIG en 2019 exacerbó la situación.
Primera vuelta electoral y observación internacional
Se agrega que el 25 de junio de 2023, Semilla obtuvo el segundo lugar con el 11.78% de los votos en la primera vuelta electoral, que contó con la mayor observación internacional en la historia de Guatemala.
Aunque la jornada fue elogiada, previamente se señalaron irregularidades, como exclusión de candidaturas y uso indebido de recursos estatales para campaña.
Se explica también que el 30 de junio de 2023, nueve partidos denunciaron un presunto fraude en la primera vuelta, obteniendo un amparo provisional de la CC que suspendió la oficialización de resultados por parte del TSE.
Y que, tras un recuento sin cambios significativos, la CC permitió la segunda vuelta el 10 de julio de 2023. Cita que la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por la judicialización del proceso electoral. “Además, advirtió que la instrumentalización de la justicia para impugnar resultados legítimos pondría en riesgo la institucionalidad democrática del país”, se lee en el escrito de McFarland.
Amparo ciudadano
Otros puntos que posteriormente se repasan, es la investigación que el Ministerio Público (MP), a través de la a Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) emprendió contra de Semilla y que el 12 de julio de 2023 informó que el Juzgado Séptimo Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla.
Seguidamente, se expone una cronología de la investigación que la FECI inició basada en la acusación en que aproximadamente 5 mil personas fueron afiliadas al partido sin su consentimiento, que al menos 12 personas fallecidas también fueron registradas como afiliadas, y que existían irregularidades en las hojas de adhesión de Semilla.
Se detalla que ante las acciones del MP contra el partido del binomio electo, el 6 de octubre, un grupo de ciudadanos presentó un amparo para “garantizar la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de sus cargos de los funcionarios electos en sufragio universal”, y que se concedió provisionalmente.
Se cita que, a largo de los últimos meses de 2023, debido a estos escenarios políticos Guatemala fue escenario de protestas, paros y bloqueos en diversos departamentos y amparos interpuestos por el sector empresarial.
Argumentos y conclusiones
En ese contexto el amicus curiae describe como argumentos legales que “la persecución penal sistematizada y focalizada ejercida por el MP, avalada por el Juez Penal, en contra de Semilla, de sus integrantes y candidatos viola las obligaciones de Guatemala de garantizar el principio democrático, el derecho al voto y a no imponer restricciones o ejercer injerencias indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
Además, el documento destaca que, según su perspectiva, las elecciones fueron auténticas y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la legalidad de esta elección el 10 de julio de 2023. En el contexto de los hechos presentados en el escrito, se resalta la existencia de múltiples ataques institucionales por parte del MP.
En conclusión, el amicus curiae sostiene que los actos considerados violan las obligaciones internacionales de Guatemala, incluyendo el principio democrático, el derecho al voto, la participación en la dirección de los asuntos públicos a través de elecciones auténticas, así como garantizar el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad.
La argumentación ante la Corte de Constitucionalidad indica también son argumentos expuestos “esperando apoyen su loable labor en el presente caso y en su caso resuelva reconocer la violación de los derechos políticos de los demandantes, del partido Semilla y sus integrantes, declarar la suspensión provisional de Semilla como contraria a las obligaciones internacionales y constitucionales de Guatemala” y que se adopten medidas “garantizando así el respeto de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.
