Gobierno invierte Q1 mil 75 millones en Estado de Calamidad cuestionado en transparencia

Durante los casi dos meses que lleva la medida de excepción para contrarrestar los efectos del coronavirus, las acciones del Organismo Ejecutivo carecen de transparencia, según diputados y representantes de la sociedad civil, mientras tanto el Ejecutivo anunció que buscará una nueva prórroga.

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Familias de Chiquimula con banderas blancas piden ayuda con  víveres, ya que muchas personas han perdido sus empleos, por la emergencia del coronavirus.
(Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Familias de Chiquimula con banderas blancas piden ayuda con víveres, ya que muchas personas han perdido sus empleos, por la emergencia del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El presidente Alejandro Giammattei busca que el Estado de Calamidad por la crisis del covid19 se extienda durante todo mayo, por lo que presentará una nueva prórroga al Congreso de la República, según declaraciones de su secretario de Comunicación Social, Carlos Sandoval.

Para que la propuesta sea un hecho, el documento debe de ingresar al Organismo Legislativo para que su presidente, el oficialista Allan Rodríguez, convoque a las sesiones plenarias en  las que se analizaría y votaría por el pleno.

Aunque en los primeros dos meses en que la medida ha estado vigente se han adjudicado Q1 mil 75 millones 155 mil 504.50, equivalentes a mil 835 concursos de licitación, según detalla el portal electrónico Guatecompras, y  han sido recurrentes los señalamientos de poca transparencia e incluso corrupción.

Incluso la Comisión Presidencial Contra la Corrupción presentó una denuncia contra  dos exviceministros de Salud y los múltiples procesos de licitación a los que se ha tenido que dar marcha atrás por supuesta sobrevaloración para adquirir mascarillas N95, las cuales Salud pretendía comprar a Q75, aunque su precio comercial va de  Q19.50 a Q25, según datos que maneja la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Poca transparencia

El escenario anterior, a criterio del abogado Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), demuestra que el Gobierno no está ejecutando de la mejor manera los recursos que el Congreso aprobó para afrontar la crisis.

“Nosotros analizamos las gestiones que se tienen y efectivamente, las transferencias a las entidades que van a ejecutar nos damos cuenta cómo en el Ministerio de Desarrollo y en el propio Ministerio de Salud, no han llegado todavía esas transferencias”, explicó Cux.

El experto considera que es necesario que el Gobierno mejore la ejecución del gasto y la entrega de ayuda, ya que según su análisis, los programas de ayuda no están llegando a las personas que realmente la necesitan.

“Ahora que se viene una crisis mucho más amplia y que mayo resulta ser clave para la ejecución de los fondos, porque la gente está desesperada porque no hay trabajo, porque se están perdiendo los empleos, porque las transferencias y la ayuda no han llegado efectivamente… Desde ahí creo yo que el reto más grande es mantener esa institucionalidad y ejecutar los fondos”, resaltó Cux.

Entre tanto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia explicó que el documento que tendrá que ser evaluado por los diputados se busca que se puedan tomar las decisiones más aptas ante la coyuntura sanitaria.

“Eso no significa que las disposiciones presidenciales sigan siendo las mismas, se pueden ir variando cada semana dependiendo del análisis del cuerpo médico y de todas las personas que conforman la mesa que analiza este punto, pero a final de cuentas, sí se ha solicitado al Congreso de la República esta ampliación de estos temas”, puntualizó.

Diputados desaprueban Estado de Calamidad

Se consultó a diputados de algunas bancadas del Congreso de la República sobre las intenciones del Ejecutivo de buscar una nueva ampliación del Estado de Calamidad, lo que le ha permitido hasta ahora al presidente Alejandro Giammattei continuar con el toque de queda, obligar el uso de la mascarilla, limitar la movilidad de ciudadanos entre algunos departamentos y hasta restringir la venta y consumo en lugares públicos de bebidas alcohólicas.

El diputado Samuel Pérez, del bloque Movimiento Semilla, fue claro en señalar que no ha visto transparencia en la ejecución de los recursos públicos para atender la crisis y que, según el trabajo de fiscalización desarrollado, la ayuda no está llegando a las personas que más la necesitan.

“Nos preocupó por ejemplo que justo cuando comenzaron a aumentar los contagios él -presidente- decide relajar las medidas, eso fue inaceptable, de hecho, nos preocupa muchísimo, porque no se vio una reducción en la tendencia, sino un aumento más pronunciado”, refirió.

En un sentido similar se pronunció el diputado Cristian Álvarez, integrante de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo). “No me atrevería a acusar al Gobierno de corrupción ni nada por el estilo, pero sí creo que a la fecha el Gobierno nos queda a deber en temas de transparencia (…) Por ejemplo, ha habido donaciones que nadie sabe qué son o cuantas son y a dónde se han ido”.

Tanto Pérez como Álvarez consideran necesario que es momento de poner algunas limitaciones a las medidas que está tomando el mandatario para garantizar transparencia en un posible nuevo mes bajo estado de Calamidad, e incluso obligar a que la información pública fluya de mejor manera.

“El estado de Calamidad no es un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que se le da la gana con el dinero, realmente tiene que ser eficiente en garantizar que los apoyos que hemos aprobados lleguen a la gente, pero que también el Ministerio de Salud haga bien su trabajo para contener la crisis”, expuso Pérez.

Entre tanto, Álvarez considera necesario que se incluya en este nuevo periodo del estado de Calamidad un plan que ayude a reactivar la económica nacional. “No podemos seguir viviendo a la espera de cada semana qué es lo que está pensando hacer el presidente, no está dentro de la postura de la bancada entregar una carta abierta para que cada domingo el presidente decida qué abre y qué no abre”, fundamentó.

¿Qué implica el Estado de Calamidad?

  • Centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados, en la forma y circunstancias que el estado de Calamidad pública lo requiera. Cuando se trate de servicios que presten entidades de carácter internacional, se procederá de acuerdo con los convenios respectivos
  • Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada.
  • Exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en la zona afectada.
  • Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones.
  • Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento.
  • Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro.
  • Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales.
  • Tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes.

CGC con auditorias

Por aparte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) explicó por medio de uno de sus directores que están recibiendo a diario entre 10 a 15 denuncias ciudadanas, las cuales se centran en el posible mal uso de los fondos públicos durante la crisis por el covid19.

“Nosotros mañana (este miércoles) empezamos a hacer nombramientos a todas las delegaciones para que verifiquen las unidades ejecutoras de Salud (…) un ejemplo le pongo en Huehuetenango, que estamos recibiendo denuncias ciudadanas y se están analizando”, explicó Orlando Rodríguez, de la CGC.

La finalidad de la dependencia es evitar que el dinero público se gaste en temas innecesarios durante la emergencia- Un ejemplo de ello fue cuando recomendaron al Ejército de Guatemala suspender la reparación de un avión que ascendía a cerca de Q31 millones.

Sandoval ante la UNE

El la citación que la bancada UNE hizo al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, este fue cuestionado sobre la manera en que se relaciona con periodistas.

“¿Por qué usted ha tomado la actitud de cerrar alguna comunicación, expulsar, bloquear a periodistas de medios de comunicación o de chat institucional?”, le increpó el diputado Carlos Barreda.

Sandoval respondió que se ha tratado de mantener el orden y hacer cumplir las normas. “Dentro de los distintos grupos de comunicación de la Secretaría, los grupos de WhatsApp que se tienen, tenemos aproximadamente 401 periodistas que están incluidos en ese grupo de WhatsApp, los cuales hay normas disciplinarias que se pactan y que se comunicaron desde el inicio”, explicó el funcionario.

Agregó que no ha expulsado a ningún periodista, aunque admitió que ha silenciado el grupo por algunos momentos para mantener el orden.

Estrategas no contratados

Otra de las interrogantes fue sobre la participación de los estrategas Poll Anria y Kif Navas en reuniones del Gobierno. El secretario Sandoval afirmó que Anria ha estado presente en al menos en dos ocasiones en reuniones del gabinete de Gobierno. Aseguró que no están contratados en la Secretaría que él dirige, pero que lo conoce por ser amigo del presidente Giammattei.

Los congresistas cuestionaron el papel que fungen dentro del Gobierno, pues no solo están en reuniones de gabinete, sino también utilizan camisas con el logo del  Gobierno.