Gremiales de prensa rechazan proyecto de ley que castiga críticas contra funcionarios

La Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) señalaron que el proyecto de ley presentado este martes por cinco diputados oficialistas que crea los delitos de acoso político y violencia política, con los cuales se podría castigar con cárcel a  quienes emitan críticas en contra de funcionarios públicos, es inconstitucional.

Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Eva Monte y Delia Bac, cuatro de los cinco legisladores que buscan castigar a quienes critique a políticos y funcionarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Eva Monte y Delia Bac, cuatro de los cinco legisladores que buscan castigar a quienes critique a políticos y funcionarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Dichas figuras delictivas contradicen el artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución”, expuso la Cámara en un comunicado. Añade que la incorporación de esos delitos al Código Penal equivaldría a resucitar el delito de desacato, que castigaba con prisión a quien ofendiera “la dignidad o el decoro” o faltara el respeto a un funcionario público.


Recordó que dicho artículo fue suprimido por la Corte de Constitucionalidad el 1 de febrero del 2006, por lo cual, a la vez de rechazar el proyecto, la Cámara pidió a los diputados ponentes que desistan de la misma “por contener notorios vicios de inconstitucionalidad”.

De acuerdo con uno de los artículos de la iniciativa, se crearía el delito de acoso político, que se sancionaría con prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos a quien realice actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral.

Al respecto, la APG calificó la iniciativa de ley como “otra ofensiva en contra de la libre emisión del pensamiento” y una “argucia” del Congreso que busca socavar la libertad de expresión y de prensa.

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“Propuestas como esta evidencian una vez más la ignorancia de los congresistas ante los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado y la iniciativa nacional que protege el derecho de toda la ciudadanía a expresar sus ideas sin censura previa”, expuso la APG.

Lamentó que la iniciativa se suma a la 5239 ley contra actos terroristas que castigaría los comentarios que se emitan en internet.

La APG calificó la iniciativa de los legisladores como “acciones oscuras de diputados corruptos que buscan blindarse de las críticas e investigaciones de la prensa por sus acciones ilícitas”.

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Ya el martes, día que se propuso la iniciativa, el presidente de la APG, Julio Édgar García, había rechazado la iniciativa al señalar que “todo ciudadano va a estar expuesto a no levantar la voz en este país, tanto contra diputados como funcionarios de todo tipo”.

Mientras que el presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Mario Fuentes Destarac, aseguró que según la Constitución no hay delito o falta por las publicaciones de señalamientos o cuestionamiento o imputaciones que se hagan a los funcionarios públicos”.

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Los diputados

Estos son los legisladores que presentaron la iniciativa:

  • Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, en la actualidad integra la bancada oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Se postuló en 2015 por el extinto Partido Patriota. Es el primer secretario de la junta directiva.
  • Karla Andrea Martínez Hernández, obtuvo su curul por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y después integró la agrupación política Alianza Ciudadana.
  • Alicia Dolores Beltrán López, integrante del partido político Movimiento Reformador (MR) aunque logó su curul por Líder. 
  • Delia Emilda Bac Alvarado de Monte es diputada de Alianza Ciudadana aunque se postuló por Líder.
  • Eva Nicolle Monte Bac, es hija de la legisladora Delia Bac. También está en la organización política Alianza Ciudadana.

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