También “mejorará la eficiencia en el gasto público y la recaudación de impuestos, incluyendo cambios en los procesos de recaudación en los puertos de entrada”.

Se “establecerá un plan para proveer formación técnica profesional formal a jóvenes, incluyendo a la región Altiplano Occidental”.

Estos compromisos son parte de una comunicado conjunto que fue emito por los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Honduras, Juan Orlando Hernández —integrantes del Triángulo Norte— junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmado en Washington.

A parte de los compromisos específicos, Guatemala junto a los otros países, también estuvo de acuerdo en “proporcionar información a través de campañas de sensibilización sobre los riesgos de la migración indocumentada y los graves peligros que plantea dicha migración hacia los Estados Unidos”.

Además, en “profundizar la lucha contra el tráfico y trata de personas a través del fortalecimiento del marco legal e institucional, incluyendo operaciones para el  desmantelamiento de redes criminales”.

Continuar la coordinación de seguridad regional fronteriza a través del fortalecimiento de fuerzas de tarea especializadas, actualmente en funcionamiento, y el desarrollo de un proyecto conjunto de inteligencia y seguridad fronteriza.

Más acciones

Los tres países acordaron “continuar facilitando el retorno, la repatriación y en especial la reintegración de los migrantes que no califican para protección humanitaria en los Estados Unidos; mejorar los protocolos de atención de inmigrantes retornados y fortalecer aún más su proceso de reintegración y reinserción”.

Establecer un Cuerpo Consultivo en cada país que opere como una institución autónoma que supervise la implementación de la Alianza para la Prosperidad, la cual incluirá a miembros de la sociedad civil, el sector privado y la academia, en cooperación con los gobiernos locales.

La carta también dice que se llevará a cabo medidas para combatir todas las formas de violencia a través de la mejora de los patrullajes policiales e infundiendo respeto al estado de derecho.

Otro punto es ampliar los programas de desarrollo del capital humano en las áreas geográficas identificadas bajo la Alianza para la Prosperidad.

Apoyar los continuos esfuerzos institucionales para investigar y enjuiciar a funcionarios presuntamente implicados en casos de corrupción pública y los esfuerzos desarrollados por los ministerios Públicos y las instituciones encargadas de la administración de justicia, y el fortalecimiento de la policía civil y la profesionalización de la función pública.