Las elecciones de segundo grado son normadas por la Ley de Comisiones de Postulación, un cuerpo legal que este año cumple 17 años de haberse creado.

Es una ley joven, pero que en los últimos procesos es objeto de debate sobre si cumplió con su objetivo o se debe cambiar.

Nineth Montenegro fue quien impulsó y consiguió que se aprobara la Ley en el 2009. Tres lustros después y alejada de la actividad política, todavía defiende la norma que rige las elecciones de segundo grado; si hay algo que cuestionar, dice, es a los comisionados.

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¿Cómo evalúa el trabajo de las comisiones este año, a la luz de la Ley de Comisiones de Postulación?

A distancia, pero sí he estado atenta como guatemalteca a estos procesos de segundo grado de elecciones de diversos tipos de magistrados. De entrada, le puedo decir que la ley no es mala, sino quien tienen que aplicarla, porque no lo hacen de la manera más adecuada posible.

La ley viene derivada del mandato constitucional, y lo único que hizo fue desarrollar lo que ya existía para ordenar, reducir la discrecionalidad, permitir comparar postulantes en un mismo parámetro, facilitar auditoría social, que existiera el sistema de minorías en los colegios profesionales, y, sobre todo, ordenar, porque no había ningún orden en el tema; se convocaba por parte del Congreso a las comisiones, pero no había orden.

¿Qué se buscaba con esta Ley de Comisiones de Postulación?

  La idea era darle a la sociedad civil el derecho también de indirectamente participar, y revisar realmente que hubiera equilibrio de los méritos éticos y los méritos académicos y profesionales, pero ahora lo que menos se mide es el mérito ético, la idoneidad de la persona, porque se puede sacar 95 puntos si usted quiere, pero habría que ver la trayectoria de la persona, su perfil, los vínculos que ha tenido.

¿Y se consiguió?

Siento que ya no es la misma sociedad, no es  más estructurada, más organizada, más atenta, sobre todo tratándose en este último caso, de la postuladora para el TSE, que es la entidad que tiene que garantizar procesos electorales transparentes, efectivos, veraces. 

¿Y qué se ha ganado?

Es un proceso mejor con la Ley de Comisiones de Postulación a  que solo estuviera la Constitución. Antes no estaba desarrollado una especie de manual sobre dónde se tenían que reunir los comisionados, garantizar que el lugar fuera público, que las sesiones fueran abiertas, transparentes, que la población tuviera acceso a los documentos, que tuviera derecho a expresar su opinión y pensamiento, que tuvieran el derecho de estar todo el tiempo dentro en el proceso.

Con el sistema de minorías que implementamos en la Ley, las fuerzas se reparten de forma democrática, que no se quiera ver es otra cosa, o que realmente a veces puede haber juegos perversos, que no me constan, en el que posiblemente hacen la tabla de gradación, pero antes, posiblemente, ya por abajo alguien les habló, y la tabla de gradación se hace con cierta intención de ayudar a alguien; pero hasta ahí no pude llegar ninguna ley, ninguna comisión.

¿Hasta dónde debería ser permitido el cabildeo, o sí deberíamos de considerarlo una práctica ilegal?

No es correcto. Es decir, antes de haber hecho la tabla de grabación no me parece que sea correcto.

Es lógico que los eventuales candidatos quieran cabildear, no con los comisionados, sino con las personas que los van a elegir, digamos con los diputados, pero eso se debe hacer público.

Lamentablemente, el papel puede ser muy cognitivo, pero las actuaciones de los humanos erosionan la ley, y eso nos lleva a repensar que se está agotando el sistema de comisiones de postulación. 


Por eso se hablaba de importante de reformas en el sector justicia, porque podemos cuestionar muchas cosas, pero mire el modelo de los Estados Unidos, ahí  todos se elige a través del voto popular, pero en este caso de elecciones de segundo grado, las decisiones son determinadas por personas que están en el Congreso con una lista reducida de 20, —en el caso del TSE—, y le deja —a los diputados— un margen muy pequeño de maniobra.

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El papel de la academia en las postuladoras también ha sido cuestionado. ¿Cómo se puede explicar eso?

La buena intención de los constitucionalistas de querer poner en primer lugar a la academia para que fuera un colador para evitar la politización, valga la redundancia, de los políticos, no fue más que una buena idea, y una buena intención, pero al final lamentablemente se han desvirtuado.

Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación. Demuestra que en este momento ha dejado de tener utilidad y que se debe buscar otro nuevo mecanismo, porque me parece una barbaridad que el ente rector de la educación —la Universidad de San Carlos de Guatemala— no haga absolutamente nada y permita crear infinidad de universidades, facultades de Derecho que podrían ser cuestionadas por la calidad de la formación que le están dando a los futuros abogados de este país. Hay universidades que se dicen que son fachada, que vienen de otras universidades de mayor elitismo, pero que son como su reflejo. Hay muchas cosas ahí que son lamentables.

¿Le viene a la mente cuál debería ser el cambio que necesitan las elecciones de segundo grado?

Es urgente la necesidad de a evaluar seriamente qué clase de decisiones se deben tomar o convencerse de que las elecciones de segundo grado se convierten en elecciones populares.

Buscar un mecanismo muy similar al de las elecciones populares, porque a través de los colegios y de la academia, lamentablemente, eso se ha ido desgastando.

¿Y el momento político es el adecuado?

Yo estoy alejada del Congreso, que es donde emana la situación, pero sí le digo, lograr la Ley de Comisiones de Postulación fue una tarea titánica, solo porque en ese momento ocurrió una coyuntura —el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg—, pudimos meter las leyes de comisiones de postulación y de acceso a la información.

Las iniciativas las paraban, metían interpelaciones, no me dejaban que avanzaran, los diputados se iban, rompían quorum, fue una cosa extrema, hasta que ocurrió este incidente y entonces en ese momento, desde la Presidencia, para disipar el malestar, porque la gente se conmocionó ante estos hechos, decidieron apoyarme y aprobar esas leyes.