La CC dio trámite a un amparo a favor de Cicig, ¿qué cambia para la Comisión?

La Corte de Constitucional (CC) dio el viernes trámite a un amparo interpuesto por Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana para que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no termine el próximo 3 de septiembre.

Sede de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Sede de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sin embargo, la permanencia de la comisión en el país depende de que el máximo tribunal del país otorgue o no el amparo provisional. La CC solamente dio trámite al amparo presentado por un grupo de abogados a favor de la Cicig y esto es parte del curso normal que toda acción legal de esta índole debe seguir, según expertos.

El recurso que llegó a la CC el miércoles pasado, busca evitar la salida de la Cicig del país -su mandato expira este 3 de septiembre-, y va en contra del presidente Jimmy Morales por un supuesto conflicto de intereses que lo llevó a dar por finalizado el mandato de la entidad de Naciones Unidas, señala el amparo.

Con el trámite del amparo se ordena a Morales remitir un informe circunstanciado en el término de 48 horas después de ser notificado, sobre las razones de por las cuáles decidió terminar unilateralmente el mandato de la Cicig.

Reacciones

Para el analista Oswaldo Samayoa, de Centro de Estudios de Guatemala (CEG), que la CC haya dado trámite a la acción legal abre la posibilidad a la continuidad del ente internacional en el país. Si decide otorgar el amparo provisional, la decisión de Morales sobre la Cicig quedaría sin efecto.

Entonces, el trabajo de la comisión “continuaría en un término de lo que nos dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es, en buena fe, continuar con la práctica de lo pactado hasta que la otra parte no resuelva su problemática”.

Por su parte, Estuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), menciona que “no tiene ningún significado” el que la CC haya dado trámite al amparo, pues es parte del proceso.

Señala que la acción “no tiene ningún sustento constitucional”, por lo que la Corte podría suspender su trámite y archivarlo “por ser notoriamente improcedente”. Además, esto genera una presión innecesaria a la CC al someter a su conocimiento a un tema que no tiene sustento alguno.

Sin embargo, Samayoa ve prudente que la CC otorgue el amparo provisional, ya que un alto porcentaje de la población considera que el trabajo de la Cicig ha sido fundamental contra la corrupción.

“El debate social y político aún puede darse al respecto de qué vamos a hacer para mejorar las condiciones de investigación y persecución penal contra temas de corrupción”, agrega el analista del CEG.

El trámite del amparo se da a diez días de que concluya el mandato de la Cicig en el país, por ese motivo, Ralón señala que este es un tema mediático, pues para que una acción de amparo se presente en tiempo, deben darse 30 días después del acto arbitrario que se reclama, en este caso, fue en septiembre del 2018 que Morales anunció que la Comisión no continuará su mandado en el país.

“Cuando dos partes celebran un convenio en materia internacional y establecen un plazo en que esa obligación internacional termina, un tribunal constitucional de un país no puede ignorar ese plazo que se acordó en el ámbito internacional, ni una corte constitucional decirle a Naciones Unidas que queda desvinculada de un plazo que firmó internacionalmente, no es su jurisdicción ni su competencia”, argumenta Ralón.

Antecedentes

Álvaro Montenegro, uno de los abogados y representante de la organización Alianza por las Reformas, mencionó que, durante su primer año de gobierno, Morales se adelantó y envió una carta a Naciones Unidas “donde manifestó su interés de que la Comisión continuara hasta 2021”.

Sin embargo, en agosto de 2018, el mandatario anunció que la Cicig no iba a continuar “por lo que creemos que en ese lapso de tiempo se generó un conflicto de intereses, además de que (el presidente) está actuando en contra del bien común del pueblo de Guatemala” indicó.

El presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux, advirtió de que entre 2016 y septiembre de 2018 Morales “fue señalado en casos de corrupción y de financiación electoral ilícita”, luego de “haber manifestado primeramente la decisión de prorrogar a la Cicig hasta 2021”.

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