Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre el 2003 y 2014, US$788 millones en sobornos para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava-Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos.
El impacto no fue mayor porque en diversas naciones de la región falta independencia y estructura de las instituciones, como el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias.
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“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente.
En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.
Perú
Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos.
Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. Además, hay juicios penales contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el expresidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
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El caso Lava-Jato también produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboración premiada, el Código de Procedimiento Penal de Perú comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.
Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht, que pagaron US$ 29 millones en sobornos en Perú, fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios. Ese sistema comenzó a funcionar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios, entre ellos los del caso Odebrecht.
Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre del 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de los Estados Unidos, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht.
En este país tres ejecutivos de la empresa confesaron haber pagado sobornos de US$86 millones, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. También en abril, la Cancillería panameña solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.
Guatemala
Quien también huyó a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de US$18 millones en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el sur de México y a El Salvador.
Otro político prófugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, exministro y también excandidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco avanza en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.
México
También están detenidas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado US$10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre del 2017. Sin embargo, hasta julio de este año nadie fue indiciado.
Según los especialistas, México fue otro de los países donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. Allí fue creado un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el accionar de Odebrecht en el país.
La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.
Ecuador
Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores de Ecuador avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de R$2 mil millones —US$495 millones—.
Aunque Odebrecht haya confesado delitos en América Latina hacia fines del 2016, recién en abril pasado la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.
En Ecuador Odebrecht pagó US$33.5 millones en sobornos y la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del presidente Lenín Moreno, allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.
Inicialmente, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Se cree que fue una estrategia para dispersar las pesquisas en vez de concentrarlas en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.
Argentina
En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia argentina aún no tuvo acceso a la información de los cambistas ilegales o valijeros brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países negocian un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino.
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Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el valijero paulista Leonardo Meirelles, que firmó la delación premiada con la Justicia brasileña en el 2016. En uno de los fragmentos de la delación, él dice que transfirió más de US$500 mil a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas.
Los pagos habrían ocurrido en el 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de futbol. En este país, los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$41.9 millones para obtener varios contratos de obras públicas.
Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se hizo luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.
Aún sin las acusaciones de los valijeros brasileños, la investigación del caso del tren Sar miento está adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.
La principal complicación en la obtención de un acuerdo es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes, cuando ellos colaboran con la justicia dando información. El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprobó, el año pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.
Colombia
En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de US$11 millones, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de US$32.5 millones, pero se estima que esa cifra aún puede ser mayor.
Actualmente 78 personas son investigadas por su supuesta participación en el escándalo de corrupción; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio García Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.
República Dominicana
Otro país donde la influencia del Poder Ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí, el procurador general de la República es designado por el presidente, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que hizo grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.
Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Los principales líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no hacer una investigación consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.
El Salvador
En El Salvador el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el expresidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht US$1.5 millones para su campaña presidencial en el 2008, en la cual el asesor de marketing político fue el brasileño João Santana.
Funes se exilió en Nicaragua después de haber sido acusado de desviar casi US$1 millón durante su gobierno. En abril último, el procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que solo consiguió cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuraduría General de la República brasileña.
Brasil
En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a nivel federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública, luego de las investigaciones generadas por el Lava-Jato.
Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava-Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.
El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobación de la Cámara.
Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Ajufe (Asociación de Jueces Federales de Brasil), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. “Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma Alves.
El mismo proyecto también limita las conducciones coercitivas. Por esta propuesta, testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza, sin haber sido previamente intimados a prestar declaración a las autoridades legales.
Es decir, las conducciones coercitivas solo estarían permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la idea. Por seis votos a cinco, determinó que la conducción coercitiva solo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.
Venezuela
El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna pesquisa fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña estén pendientes de ejecución. La exfiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi, que tuvieron US$42 millones congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.
Díaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero. “La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.
*Grupo de Diarios de América (GDA) está integrado por: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador). En el reportaje también colaboraron La Prensa (Panamá) y El Día (República Dominicana).
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