Añadió que hizo una petición a la fiscal Consuelo Porras para que el Ministerio Público (MP) con base en las facultades que tiene, analice si es pertinente el planteamiento de alguna acción,
“Tomando en consideración, dicha normativa vulnera disposiciones de la Constitución Política de la República, es contraria a los avances en materia de política criminal”, argumentó Sandoval.
Agregó que se crea un confuso procedimiento que afecta otras figuras, como medidas que están contempladas en el Código Procesal Penal.
Además, demerita lo que es la colaboración eficaz para el proceso de desarticulación de estructuras criminales.
“En ese sentido considero que el MP debiera adoptar alguna medida en relación con la entrada en vigor del cuerpo legal. También hemos escuchado que distintos sectores harán los planteamientos que correspondan o bien harán las peticiones para que la Corte de Constitucionalidad resuelva lo que está pendiente de resolver”, manifestó el jefe de la Feci.
El presidente Jimmy Morales sancionó el decreto, aunque guardó silencio durante los 15 días que tenía de plazo.
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También conocida como Ley de Aceptación de Cargos, fue publicada en el Diario de Centroamérica el lunes 16 de diciembre y tomará vigencia en un mes y tiene como objetivo que las personas que sean acusadas por varios delitos podrán aceptar su culpa y tendrán una reducción de la pena.
En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el MP le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.
Señala también que “esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica”.
La aceptación de cargos debe realizarse por medio de su abogado defensor, la persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas.
En el proceso también se podrá conciliar entre el procesado y las víctimas para determinar una clase de reparación digna.
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