La impunidad supera el 97% en Guatemala

“La impunidad ha superado el 97 por ciento en el país, lo que ha provocado un estímulo para el delito… Todo se pensó para que la justicia no funcionara”, expuso el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, durante su discurso en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Archivado en:

CicigSIP
El titular de la Cicig, Iván Velásquez, participó en la reunión de medio año de la SIP, desarrollada en Antigua Guatemala y que culmina hoy. (Foto Prensa Libre: Jessica Gramajo)
El titular de la Cicig, Iván Velásquez, participó en la reunión de medio año de la SIP, desarrollada en Antigua Guatemala y que culmina hoy. (Foto Prensa Libre: Jessica Gramajo)

El encuentro, que culmina hoy, se lleva a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la presencia de ejecutivos y periodistas de los medios de comunicación más importantes del continente americano.

Velásquez, quien fue invitado para hablar acerca de la corrupción, explicó que para iniciar la línea de investigación en el 2014 se planteó como hipótesis la existencia en el país de redes político económicas que se organizaron e incrustaron en todas las estructuras del Estado para aprovecharlo en su beneficio. Es decir, ponerlo a su servicio, para enriquecerse, y lograr, “con su complacencia e ineficacia, el desarrollo sin obstáculos de los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, la trata de personas y su necesaria y fortalecida estructura de lavado de dinero”.

Según Velásquez, esta hipótesis se comprobó, y el primer resultado se reveló en el 2015, con el caso La Línea. El comisionado recordó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti como “desafiante y burlona” cuando se evidenció lo relacionado con la corrupción en la limpieza del Lago de Amatitlán.

Añadió que estas investigaciones han permitido desnudar los vínculos entre la política, la corrupción y el lavado de dinero, así como las relaciones entre jueces, abogados constituidos en bufetes de la impunidad y empresarios que financian de manera ilícita campañas para obtener beneficios estatales.

Enraizado

El comisionado Velásquez aseguró que estas redes político económicas se niegan a desaparecer porque “todo se pensó para que la justicia no funcionara”. Un ejemplo, dijo, es que solo en 34 municipios de 340 se tiene presencia del Ministerio Público (MP), y los recursos para el sector siempre han sido limitados.

“Ese gigante herido, esa macroestructura criminal, se resiste a desaparecer. No es una corrupción coyuntural, no es siquiera el afán de riqueza de unas personas; por el contrario, se trata de algo más profundo que pretende mantener el aparato estatal como herramienta para unos pocos”, aseguró Velásquez.

Para erradicar esta situación, el comisionado lanzó cuatro recomendaciones que van desde fortalecer al MP hasta continuar con la lucha social y la fiscalización por la prensa.

“Por décadas se ha mantenido capturado al Estado porque a esas estructuras les conviene un régimen que les garantice la impunidad, y se debe cambiar esa línea”, condenó Velásquez.