La videovigilancia cuesta Q262.5 millones

Las cámaras utilizadas por el Ministerio de Gobernación en la Plaza de la Constitución, el fin de semana recién pasado, son parte del arrendamiento por excepción, con opción a compra, del sistema de vigilancia de la zona 18 y áreas adyacentes aprobado en el 2013.

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Esta adjudicación se suma a los no menos de seis procesos por excepción que han caracterizado a esta administración en sus casi cuatro años, adquisiciones que han sido criticadas por expertos, pues la transparencia ha quedado en entredicho en cada evento.

El viceministro de Tecnología de la cartera del Interior, Juan Carlos Argueta, confirmó que el equipo que se instaló en el Palacio Nacional de la Cultura y los alrededores de la Plaza de la Constitución es parte del proyecto de videovigilancia, valorado en Q262.5 millones.

El arrendamiento del equipo, según el viceministro, es por cinco años, que corren a partir del 2013. El resto del proyecto quedará en manos de las nuevas autoridades, ya que están por celebrarse las elecciones generales.

Los datos fueron confirmados en el portal de Guatecompras, a través del Nog 2516004, donde se especifica la adquisición de cinco clases de equipo, entre este cámaras fijas tipo bala de alta definición y de dos megapixeles, seis de captación de imagen facial y varias de tipo bala de dos megapixeles para reconocimiento de matrículas.

múltiples cámaras

El viceministro, luego de confirmar la adquisición del equipo, aclaró que no era la primera vez que se utilizaban las cámaras, pues ya habían sido instaladas en ferias y estadios.

Los estadios Mateo Flores y el de Antigua Guatemala —durante las fiestas agostinas— y las ferias de Chiquimula, Zacapa y Puerto San José, son algunos lugares donde ya se usó el equipo.

La última vez que se utilizó fue en la manifestación del sábado recién pasado.

El funcionario aseguró que las cámaras se instalan, la mayoría de veces, por solicitud de gobernadores o representantes de clubes deportivos.

Sin embargo, al preguntarle quién requirió el equipo para utilizarlo durante la marcha del sábado, justificó que fue un mandato para resguardar y brindar medidas de seguridad. “Esto, luego de un análisis propio del Ministerio (…), y no solo teníamos cámaras en el parque, sino en todas las calles aledañas”, admitió.

Otra de las características que mencionó el funcionario de las videocámaras es que poseen radio de 800 metros, para que la señal no se pierda, y antenas de captación inalámbricas.

Lo que no indicó fue la marca del equipo utilizado.

Reacciones

Juan Carlos Carrera, del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), criticó la adquisición del equipo de videovigilancia, ya que una de las particularidades no solo del Ministerio, sino de la administración completa es la poca transparencia.

“La gran crítica es que esta cartera ha realizado una serie de contratos sin licitación, como lo establece la ley, bajo el amparo de estado de Excepción o de Calamidad Pública, desnaturalizando los procesos que la Ley de Contrataciones establece”, añadió.

Carrera comentó, además, que otro aspecto negativo es que han dejado contratos que afectan a otros gobiernos, por lo largo de los compromisos. “Eso, bajo cualquier punto de vista, viola los criterios de transparencia”, afirmó.

Por aparte, Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), cuestionó no solo la compra por excepción, sino la forma como la utilizan.

Más críticas

“Lo más criticable, aparte de la excepción del equipo, es que el Ministerio utilizó este tipo de tecnología como elemento disuasivo para intimidar la expresión ciudadana”, aseveró el experto.

Agregó que este tipo de tecnología “nunca” se ha expuesto en áreas rojas, como es el objetivo. Por último, rechazó el argumento del viceministro respecto de la instalación del equipo en la Plaza de la Constitución, ya que aparte de intimidar a la población que asistió, causó daños al Palacio Nacional de la Cultura.

En Guatecompras también se encontró otra adjudicación con la misma empresa, por Q31.1 millones, para un centro de monitoreo móvil con capacidad de almacenamiento de imágenes y software analítica.