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Pero evaluaciones de académicos y sectores empresariales apuntan que no se van a cumplir las expectativas de los ediles, por el contrario, el margen para la discrecionalidad del gasto se puede traducir a despilfarro y corrupción.
Esos peligros hacen que grupos sociales unifiquen criterios para solicitar al presidente que vete las reformas a la Ley de Contrataciones, ya que si la norma entra en vigencia de la forma en que la aprobó el Congreso se pondrían en peligro los recursos públicos que son necesarios para diversidad de proyectos, entre ellos la compra de las anheladas vacunas contra el covid – 19.
El decreto ley ingresó a la Secretaría General de la Presidencia el pasado 14 de mayo y el presidente afirma que estará dando a conocer su postura el próximo 3 de junio, decreto ley que está siendo evaluado con expertos en materia constitucional ya que hay algunos artículos que le despiertan dudas al propio presidente.
“Yo encuentro un tema ahí que me preocupa y que podría hacer que la ley sea inoperante, no quiero tomar una decisión precipitada, la estamos analizando. La misma ley nos da a nosotros 15 días para poder analizar lo que ha venido del Congreso, cuando viene con cambios que la hicieron distinta a la propuesta que nosotros mandamos nos hace que tengamos que estudiar bien la ley y vamos a cumplir con el plazo establecido, tengan la certeza que no va haber silencio por parte de la Presidencia”, resaltó el mandatario.
Entre los principales cambios a la Ley de Contrataciones existen dos puntos que aumentan las alertas de los sectores nacionales que se han pronunciado en contra de los cambios y que solicitan al presidente que la ley sea vetada.Uno de ellos señala que todas las compras de obras, bienes, servicios y suministros que no superen los Q100 mil podrán realizarse bajo la modalidad de baja cuantía. En este tipo de adquisición las instituciones pueden comprar directamente a un proveedor, sin necesidad de realizar un proceso competitivo, es decir, pueden comprarle a quien ellos crean más conveniente. El único requisito es publicar en Guatecompras los documentos de respaldo, como la factura, una vez se realizó la compra. Anteriormente, el monto máximo para esta modalidad era de Q25 mil.El segundo refiere que si la compra es mayor a Q100 mil, pero menor a Q200 mil, podrá realizarse una compra directa. En esta modalidad sí se publica una oferta electrónica en Guatecompras que transparenta la adquisición, pero tampoco está sujeta a mayores controles, como ocurre en las cotizaciones o licitaciones públicas. Anteriormente, el monto máximo para la compra directa era de Q90 mil.
Apuestan a nueva propuesta
Nadie apuesta por las reformas a la Ley de Contrataciones pero la última palabra la tiene ahora el presidente, quien tendrá que respaldar o rechazar la reforma a la Ley de Contrataciones, que era una de sus promesas de campaña cuando fue candidato presidencial.
Pero los vacíos técnicos que tiene la ley no la hace la mejor, según Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de la Cámara del Agro, es necesario que todos los sectores nacionales conversen para impulsar una renovación en el sistema de compras.
“Como lo expresamos en comunicado de prensa, solicitamos al presidente que vete el decreto de ley y que trabajen de manera conjunta el Ejecutivo y Legislativo en una nueva propuesta de reforma técnica que propicie eficiencia y transparencia en los procesos (…) desconozco las razones de otros sectores (para pedir el veto) pero en nuestro caso, responde al análisis técnico de nuestros asesores y la claridad en cuanto a que en efecto las reformas son necesarias pero deben garantizar eficiencia y transparencia”, explicó.
En todo caso el mandatario sancione la ley se abrirá la puerta de una disputa legal que conocería la Corte de Constitucionalidad (CC). José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), considera que este camino será complejo porque los diputados se encargaron en blindar lo suficiente esa reforma.
“Yo creo que lastimosamente no se ve tan claro que exista una violación a un derecho tanto de la parte dogmática de la Constitución, es una reforma que ha seguido su camino legal, lastimosamente, la vía posible de inconstitucionalidad no se ve clara una violación directa a la propia Constitución, es una ley de gasto público que la establecieron en una iniciativa, lastimosamente no veo dentro del ámbito Constitucional y legal una salida, eso nos tiene que hacer reflexionar seriamente sobre la calidad de diputados que hay en el Congreso”, señaló.
Responsabilidad moral
Un aval del presidente a la Ley de Contrataciones sería una batalle legal cuesta arriba según Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, quien considera que podría existir una vulneración a la carta magna en lo referente de la publicidad de los actos de la administración pública.
Sin embargo es del criterio que Giammattei debe de tomar en consideración las opiniones de sectores sociales que a pesar de tener ideologías opuestas han coincidido para pedir que no siga con el trámite de una reforma legal que, según ellos, pondría en una situación compleja el buen uso de los recursos públicos.
“El presidente tiene una obligación moral de hacer eco de las voces, en mucho tiempo en Guatemala yo no veía un consenso tan amplio en la conveniencia de vetar esta ley, prácticamente el único sector que respalda las reformas es el Congreso y las alcaldías, definitivamente sobre los hombros del presidente pesa una responsabilidad muy grande de en su rol de representante de la unidad nacional hacer eco de las voces que le dicen por favor, vete esa ley”, precisó.
