Ley de vacunación se aprueba de urgencia nacional, pero con condiciones

Diputados de la alianza oficial y de la oposición aprobaron, en un solo debate, la iniciativa de ley que busca agilizar la compra de vacunas contra el covid – 19, ampliando en Q1 mil 500 millones el presupuesto del ministerio de Salud.

La ley de vacunas contra el covid - 19 fue aprobada con el voto a favor de 145 diputados. Fotografía: Congreso.
La ley de vacunas contra el covid - 19 fue aprobada con el voto a favor de 145 diputados. Fotografía: Congreso.

El decreto 01 – 2021 será clave para enfrentar la pandemia. Es la primera ley aprobada en el año por los diputados, que se convierte en la herramienta legal para que el gobierno de Guatemala tenga facilidades en la negociación y compra de vacunas contra el coronavirus.

La ley cobró vida con el voto a favor de 145 diputados. Sin importar la ideología política los congresistas demostraron acuerdos y madurez para evitar que la iniciativa enfrentara obstáculos en su aprobación, algo que rara vez se apreció en alguna de las sesiones del año pasado.

El apoyo se obtuvo después que las bancadas, de la alianza y la oposición, acordaron aprobar la iniciativa del presidente de urgencia nacional, toda vez se incluyera un fondo de revisión, que son modificaciones en algunos artículos para garantizar el uso correcto de los fondos.

De la ampliación de Q1 mil 500 millones al ministerio de Salud queda prohibido utilizar ese dinero para otra cosa que no sea la compra de la vacuna contra el coronavirus, artículos que quedan fuera de la ley de compras para que se permita el pago de adelantos durante la negociación; también la cartera tiene 30 días para presentar, públicamente, el plan nacional de vacunación.

Así mismo el ministerio de Finanzas tendrá que incluir la evolución del gasto de esta ampliación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integral (Sicoin), y todos los documentos relativos a la negociación y compras de vacunas tendrán que ser publicados en el portal Guatecompras.

También se permite que empresas privadas importen vacunas, toda vez cumplan con las garantías de salubridad que avale la cartera salubrista, y por espacio de dos años quedan exoneradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Junto a todas estas normas para el uso correcto de los fondos se garantiza la gratuidad de la vacuna, que también será de forma voluntaria, por ello el ministerio de Salud tendrá que impulsar una campaña en idiomas originarios para convencer al mayor número de guatemaltecos posible.

Desafío sanitario

Los diputados fueron claros al decir que cumplieron con su parte del trabajo, confiando en el Ejecutivo, esperando que no ocurra lo mismo que el año pasado, que a pesar de contar con fondos para combatir la pandemia prefirió quedarse de brazos cruzados, según algunos legisladores.

“Vamos a fiscalizar las compras, los contratos, la vacunación, como lo hicimos con los Q20 mil millones, es por eso que con toda la solvencia moral hemos cuestionado al ministro Raúl Romero, porque dimos la plata y la plata no llegó a los más pobres, es por eso que está el reclamo de ¿Dónde está el dinero?, hoy ojala que dentro de seis meses no nos estén preguntando ¿Dónde está la vacuna?”, señaló Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

También será necesario que exista un riguroso control en el manejo de las vacunas, según la diputada Karla Martínez, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), para evitar que algunos funcionarios incurran en tráfico de influencias.

“Es muy importante que ninguna persona se beneficie de su cargo público para venir y ponerle la vacuna a familiares o cercanos, sino que sea realmente a personas vulnerables de riesgo, también es muy importante traer a colación que desde el 2017 estamos trabajando en la ley de vacunación, en 2020 se consensuaron las diferentes enmiendas por lo que pido a los diputados que no se hagan solo temas de última hora o de emergencias”, explicó.

Otro de los temas que fue bien recibido por algunos congresistas fue la apertura para que el sector privado pueda colaborar en el proceso de vacunación, tema que fue primordial en la fase de diagnósticos, según Cristian Álvarez de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo).

“El gobierno nos falló en andar haciendo pruebas covid – 19, pero muchos empresarios hicieron pruebas en lo privado, algunos dirán carísimas, pero gracias a esa prueba muchos nos pudimos diagnosticar a tiempo y habernos diagnosticado a tiempo implicó haber empezado un tratamiento a tiempo y salvarnos la vida, de habernos quedado esperando días y días para que el ministerio de Salud nos diera esas pruebas, pues probablemente habrían habido más muertos”, resaltó el legislador.

El último en exponer fue el diputado Carlos Roberto Calderón del bloque Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), quien agradeció el respaldo de diputados de la oposición que está seguro fiscalizarán el uso correcto de la norma.

“Esta ley que va a beneficiar a todo aquel que necesita ser protegido en medio de esta pandemia, es algo histórico, nunca se había visto, estamos empezando a cumpliéndole a la gente, eso se llama voluntad política” , señaló Calderón.

La jornada

La sesión fue convocada a las 10 de la mañana, pero comenzó pasando el medio día. La asistencia y apoyo a la ley fue casi total, pero antes de que se aprobara la iniciativa presidencial fue necesario cumplir con otras asignaciones previas.

El Pleno juramentó a José Alberto Nájera como nuevo diputado del bloque Creo, en sustitución de la diputada Adela Camacho de Torrebiarte que falleció a finales del año pasado a causa de una enfermedad.

También el presidente de Congreso acordó con el diputado Aldo Dávila, y otros congresistas, levantar la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, para que la agenda permitiera conocer la ley de vacunas contra el covid – 19.

Dávila accedió, así como los diputados que se habían sumado a la fase de repreguntas, pero reprochó como los oficialistas utilizaron el marcaje como una estrategia para entorpecer el juicio político, y adelantó que otra de las garantías para dejar la interpelación fue que existe un compromiso para que Romero acuda a citaciones de fiscalización.

Aunque se levantó la fase del interrogatorio, el debate de este juicio político se trasladó a la siguiente sesión plenaria, en la que diputados tendrán que decidir si emiten o no el voto de falta de confianza hacia Romero, para su posible dimisión.