El Cnap enumera una serie de atrasos, entre ellos, el hecho de que el presupuesto del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) se redujo en 2017 en un 11 % comparado con la asignación dada en 2003.
Además, que la tasa de impunidad de violencia contra la mujer en 2015 fue de 99,52 % y en el 2017 de 97 %.
Respecto a la problemática del desarrollo rural, expresa que el asunto de la tierra ha dejado “secuelas profundas en las relaciones étnica, social y económicas alrededor de la propiedad y de la explotación de sus recursos”.
En ese sentido, entre 1997 y 2016 la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) registró el ingreso de 8 mil 80 casos de conflictividad agraria que involucraron a 3 millones 472 mil 332 personas en un territorio de 2 millones 604 mil 218 hectáreas, y se lograron atender 6 mil 695 casos, señala.
Asegura que estos datos evidencian que el abordaje del tema tierra aún se encuentra pendiente de una solución integral.
Agrega en su análisis que otra variable que ha generado un nivel de conflictividad social son las consultas comunitarias a los pueblos indígenas, ya que de 112 realizadas en el periodo 2004-2014 en 74 municipios de 12 departamentos, la mayoría no fueron reconocidas, pese a tener como base un marco legal nacional e internacional.
“El Congreso no ha dado pasos concretos para deslegislar normas que tengan o supongan implicaciones de discriminación hacia los pueblos Indígenas”, advierte.
Sobre el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, señala que al menos 91 familias originarias del municipio de Nentón, Huehuetenango, que están asentadas en la comunidad Nueva Esperanza en Yacalstán, Chiapas, México, aún no lograr retornar al país pese a que negocian con el gobierno desde el 2012.
Reitera que sigue pendiente una reforma constitucional para establecer que la Policía Nacional Civil (PNC) es la única entidad responsable del orden público y la seguridad interior del país.
Además, se sigue esperando la aprobación de una nueva Ley de Orden Público en consonancia con los principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil.
La pobreza aún afecta a 9.6 millones de guatemaltecos, es decir, más de la mitad de la población, alerta el análisis.
En 1996 el Acuerdo de Paz Firme y Duradera señaló un conjunto de condiciones de diferentes tipos que era necesario superar para alcanzar una paz real y verdadera, cimentada sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común.
Ese desarrollo requiere de justicia social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para atender las demandas sociales de la población, anota el documento.
En el marco del 21 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el Cnap hace un llamado a los organismos de Estado a cumplir con los compromisos pendientes para abonar a la gobernabilidad democrática y sentar las bases de una justicia social.
“Exhortamos a la sociedad guatemalteca a fortalecer el espíritu de los Acuerdos de Paz y mantenerlos como referente en el ejercicio de su actividad individual y colectiva en sus centros de trabajo, de estudio, en los institutos de investigación y en las universidades del país”, expresa.
