Cicig en Guatemala: Conozca su trayectoria

La Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala) comenzó su mandato el 12 de diciembre del 2006, según el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que fue aprobado por el Congreso el 1 de agosto 2007.

Cuando la Cicig fue creada, se especificó en el mandato que era para “Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad  y aparatos clandestinos de seguridad y  cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.


Además, “crear los mecanismos y procedimientos necesarios, que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de protección de los derechos fundamentales, y de los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte”

Fin del mandato

El anuncio del presidente Jimmy Morales de que en el último año del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) debe comenzar el proceso para transferir capacidades al Ministerio Público (MP) no implica que la misión internacional ya no hará investigaciones, consideró el excanciller Édgar Gutiérrez.

“El anuncio del presidente de no renovación del mandato no cambia para nada los planes ni las actividades previstas por parte de la Cicig”, afirmó el excanciller.

Añadió que la “transferencia de capacidades”, como dijo el gobernante, no significa que la Cicig “se pondrá a dar clases” ya que el proceso de aprendizaje se ha dado desde hace 12 años cuando la Comisión comenzó su labor en Guatemala.

“La Cicig en la práctica ha venido transfiriendo capacidades desde el inicio de su mandato, el Ministerio Público se ha venido transformando”, expuso Gutiérrez. Prueba de ello, añadió, es que al MP ahora cuenta con unidades de análisis de estructuras del crimen organizado e ilícitas y una Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Las cosas se aprenden haciéndolas juntas. La Cicig no es un órgano técnico que viene a enseñar, sino que se pone a codo a codo con los fiscales e investigadores quienes aprendieron haciéndolo”, subrayó.

Ningún artículo lo menciona

El acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que rige a la Cicig no menciona en ninguno de sus 10 artículos la transferencia de capacidades; no obstante, sí hace mención a algunas especificaciones que pueden ser entendidas como tal, aunque no habla de en qué momento deben llevarse a cabo.

El literal “c” del artículo 2, Funciones de la Comisión, por ejemplo, precisa que dentro de las funciones de la Cicig está “recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”.

Mientras que en el literal “c”, artículo 3; Facultades de la Comisión, señala como otra de las funciones de la Cicig “asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos, así como asesorar a los organismos del Estado en la implementación de procedimientos administrativos”.

Además, en el numeral 2, inciso “a” del artículo 5, Cooperación con la Cicig, se indica que el MP dispondrá las acciones necesarias a efecto de recibir asesoría técnica de esa misión y demás acciones de fortalecimiento que sean necesarias.

Ampliaciones

Desde que la Cicig comenzó a funcionar en el país se han solicitado cinco prórrogas.

La primera se llevó a cabo el 24 de marzo del 2009, con lo cual la Comisión extendió su mandato hasta el 3 de septiembre del 2011.

El 23 de diciembre del 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó una segunda ampliación del mandato por dos años más. La ONU confirmó la ampliación el 13 de enero del 2011.

La tercera y cuarta prórroga fue solicitada durante el gobierno de Otto Pérez Molina, hoy procesado por supuestos casos de corrupción a consecuencia de investigaciones de la Cicig.

El plazo vencía el 3 de septiembre del 2017, pero el Gobierno de Jimmy Morales solicitó la quinta prórroga, el 16 de abril del 2017, plazo que termina el 3 de septiembre del 2019.

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