Entidades de gobierno, empresarios del transporte y autoridades ediles han sostenido una mesa de diálogo, que dejó como un primer resultado una propuesta de ley, que sugiere un apoyo económico al usuario, para así no sentir el golpe de una alteración en la tarifa del servicio.
El documento que presentó hace algunas semanas el ministro de Finanzas a los diputados de la comisión de Comunicaciones detalla, la creación de un fondo por Q250 millones para que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fije los parámetros para le entrega de la ayuda, de forma tal vez similar a como funcionó el Bono Familia.
Aquellos guatemaltecos que hacen uso del servicio de transporte público, en la ciudad y municipios aledaños, tendrían que inscribirse ante la cartera para recibir mensualmente Q300 que servirían para costear parte de sus pasajes.
Pero la sugerencia legal tampoco fija precios tope para el servicio de buses, lo que podría significar dejar la puerta abierta a un incremento por el servicio en la que el bono de transporte podría ser insuficiente, tampoco se explica de donde saldrían los recursos para esta subvención que estaría contemplada para los años 2021 y 2022.
Así mismo se destinarían Q300 millones a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para entregar préstamos a transportistas que fundamenten la renovación de sus unidades, con el objetivo de garantizar un mejor servicio.
Recordemos que según procesos de fiscalización el Mides, que tuvo a su cargo el programa Bono Familia, que nació para mitigar parte de la crisis económica por la pandemia, entregó este apoyo económico a personas que no vivían en Guatemala y hasta a algunos con reportes de fallecimiento.
Para la agenda 2021
Aunque el titular de la cartera de Finanzas entregó la propuesta varias semanas atrás, el tema ni siquiera figuro para análisis a lo interna de la mesa legislativa. Esta comisión parlamentaria tendrá que evaluar si la propuesta es viable, y de ser así, plantearla como iniciativa de ley.
Pero el diputado Luis Fernando Pineda, de Movimiento Semilla e integrante de la comisión de Comunicaciones, afirma que el documento no es del todo claro y que hay aspectos que dejan algunas dudas.
“Es un documento mártir ya que incluso ha finalizado el segundo periodo de sesiones ordinarias y ya no dio tiempo discutirlo en la comisión, únicamente se hizo la presentación, yo estaría seguro que se harían varias modificaciones a esta propuesta que realizaron, incluyendo la compra de los buses porque no estaríamos de acuerdo, sabemos cómo se ha manejado, la corrupción en el tema de los subsidios”, refirió.
Con ese tema en particular el diputado afirmó que se podría interpretar como el comprarle nuevas unidades a los empresarios del dinero proveniente de impuestos, “finalmente se utiliza del erario público para que los transportistas adquieran nuevas unidades, pero habría que hacer una serie de evaluaciones técnicas, objetivas, yo si el otro año continuo en la comisión y se retoma el tema presentaré reformas”, añadió.
Posibles acciones legales
La defensoría del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) asegura que la reactivación de los buses ahora depende del Congreso, pero el documento ni siquiera es una iniciativa de ley, y aunque lo fuera, su paso para una posible aprobación puede llevar meses o hasta años.
Tiempo que la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) no está dispuesta a esperar, por lo que se encuentran conversando con su equipo de abogados para evaluar si caben recursos legales, que obliguen al Estado permitir la reactivación del servicio de buses en la ciudad.
“Sigue siendo preocupante la inactividad en la que se han sumido tanto el Ejecutivo como el Legislativo en el tema del transporte, tenemos entendido de que toda sugerencia que se ha hecho llegar para regresar a la normalidad en la prestación del servicio, pues ha sido bloqueada por el ente regulador y por las autoridades pertinentes en el tema”, señaló Edwin Amaya, titular de Asopagua.
El transportista duda que la política pueda dar una solución al problema, principalmente porque asegura que nadie se quiere atrever a hablar de una tarifa real por el servicio, para evitar un ataque y desgaste social. En los próximas se estaría conociendo cual fue la recomendación de los asesores legales de la asociación de buses.
Es necesario
En los nueve meses de pandemia y cuatro que van desde la reactivación económica, los residentes de la ciudad y sus municipios cercanos han tenido que ingeniárselas para llegar a su trabajo.
Esto no significa que el sistema de transporte público ya no sea necesario, según el análisis de Amanda Morán, investigadora titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
“Siempre es necesario. Quien puede comprar un automóvil son las personas de clase media, pero la gente de bajos ingresos no puede adquirir uno o muchos menos mantenerlo, la gente de menores ingresos necesitan un transporte colectivo (…) afecta principalmente por un aumento de vehículos particulares en las calles, los usuarios deben de caminar grandes extensiones sin seguridad, tampoco existe la infraestructura para usar otros medios como podría ser una bicicleta”, fundamentó la académica.
