Política

Mides resta Q23.7 millones al programa comedores sociales

Los programas destinados a combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición han tenido un impacto reducido. Prueba de ello el aumento de casos de desnutrición aguda este año.

Los comedores sociales se inauguraron en tiempos de la UNE y las distintas administraciones le han dado seguimiento al programa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los comedores sociales se inauguraron en tiempos de la UNE y las distintas administraciones le han dado seguimiento al programa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) restó Q23.7 millones a los comedores sociales, el cual se traza como objetivo brindar alimento a la población más vulnerable. Sin embargo, autoridades de la cartera afirman que de momento no se tiene previsto cerrar más comedores.

El Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) registró en las últimas semanas Q27 millones 329 mil 639 a la actividad comedores sociales, el cual forma parte del programa denominado “Apoyo para el consumo adecuado de alimentos” del Mides.

Carlos Torres, director de Protección Social del Mides, explicó los fondos que se redujeron se utilizarán para financiar el proyecto “NutriNiños”, el cual empezó a implementarse el año pasado. Se propone brindar seguridad alimentaria para niñez entre seis y 24 meses de edad.

Lo ejecutan las carteras de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el PMA y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Torres dijo que al Mides le corresponde, específicamente, la compra del alimento fortificado.

“Debíamos buscar, juntamente con el Ministerio de Finanzas, el financiamiento del presupuesto por Q100 millones para comprar alimento fortificado, que es el que se dio el año pasado. Nuestro presupuesto es limitado y había necesidad inmediata de comprar alimento al Programa Mundial de Alimentos (PMA)”, explicó el funcionario.

Según informó el director, la compra será por Q30 millones, aproximadamente, y el alimento se trasladará a MSPAS para que identifique a niñez con desnutrición crónica que requiera de asistencia.

Actualmente, hay 60 comedores operando en el territorio nacional y no se tiene previsto cerrar más, dijo Torres.

Aumentan casos de desnutrición

Pese a los fondos destinados a estos programas, este año los casos de desnutrición aguda han aumentado en comparación con el año anterior. Hasta la semana epidemiológica 11 se han detectado 6,003 casos de desnutrición aguda, mientras que en el mismo período del año pasado fueron 5,642.

Paola Cano, nutricionista investigadora, considera que hay varias razones por las cuales los programas gubernamentales no tienen el impacto deseado. En principio, en el caso de los comedores sociales los almuerzos y desayunos se compran sobrevalorados y en vez de visualizarse como un programa de apoyo, se le ve como una oportunidad para hacer negocios.

“No ha tenido impacto por eso, porque ha sido un negocio más que un esfuerzo por prevenir la desnutrición”, explica.

Según documentos del Mides, cada ración de alimentos puede costar hasta Q23.45, en el caso de los desayunos, y hasta Q29.50, en el caso de almuerzos. Esto también ha generado cuestionamientos por parte de diputados que fiscalizan este programa, ya que consideran que los precios son muy altos para lo que se sirve.

Otro problema, dice Cano, es que los comedores se ubican en cabeceras departamentales y no en el seno de las comunidades, donde reside la población en situación de inseguridad alimentaria.

Iván Aguilar, de Oxfam, explica un problema es que no hay una estrategia integral para combatir la desnutrición e inseguridad alimentaria.

“Son acciones son aisladas, emergentes y no están conectadas con otro tipo de estrategias que deberían estarse implementando de manera simultánea para contrarrestar el avance de la inseguridad alimentaria y desnutrición aguda. Al no tener una estrategia articulada, se hacen inversiones que no son parte de un marco de abordaje integral”, explica Aguilar.

Otra falla, según el entrevistado, es que la cobertura de estos programas es limitada, tanto en cuanto a población como en tiempo.

“Estas acciones protegen por un periodo muy limitado a la población. Por otro lado, atienden a un porcentaje limitado de la población en condición de vulnerabilidad alimentaria y hay debilidades en los criterios de selección de quienes reciben este beneficio. Es decir, hay problemas de focalización y la efectividad se diluye”, dijo Aguilar.

Para atacar el problema, lo primero que hay que hacer es cubrir la brecha de acceso a alimentos que ha dejado la sequía, la pandemia y el incremento de precios de alimentos en las últimas semanas. Para ello es necesario identificar los hogares con estos problemas y crear un programa acorde a la necesidad.

Una opción, comenta el experto de Oxfam, sería ampliar las transferencias monetarias, ya que han demostrado ser efectivas. También es importante fortalecer el primer nivel de salud, dice.

Cano, nutricionista e investigadora, coincide con que el MSPAS debe enfocarse en la ventana de los mil días y dar micronutrientes para prevenir la desnutrición, junto con un monitoreo de peso constante.

“Los servicios de salud no han estado abastecidos para atender el programa de la ventana de los mil días. Los servicios de salud no tenían micronutrientes, vitamina A y no se han enfocado en el monitoreo de peso. A las madres no se les suplementa cuando está embarazadas”, comenta Cano.

Falta de sanciones

En el informe de auditoría 2020, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) impuso 17 sanciones pecuniarias al Mides por un monto total de Q260 mil 403.

Ninguna de estas se relaciona a la sobrevaloración de alimentos en comedores sociales que han denunciado diputados del Congreso de la República, lo cual ha motivado cuestionamientos sobre la falta de supervisión por parte de la CGC en este tipo de programas.

Las infracciones son por incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado, falta de actualización de información en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), pagos improcedentes por telefonía móvil sin uso y contratos suscritos sin descripción de precios unitarios, entre otras.

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