A pesar de que desde el Ministerio de Gobernación (Mingob), se aprobó la decisión de que el Registro Nacional de las Personas (Renap) pudiera adquirir un nuevo sistema biométrico, el presidente Bernardo Arévalo comentó en conferencia de prensa el pasado lunes, que pedirá un análisis del proceso.

El Renap recientemente adjudicó un contrato de Q40 millones a New Generation Network para el funcionamiento del sistema biométrico con datos faciales y dactilares de todos los ciudadanos en año preelectoral.

La empresa ha sido cuestionada porque dicho contrato con el Renap es el primer negocio millonario con el Estado, por no poseer experiencia de similar magnitud y por los vínculos de sus representantes legales.

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Arévalo sobre los cuestionamientos dijo que será el ministro de Gobernación quien “haga un análisis, una investigación del alcance de las cuestiones que han sido planteadas en los medios de comunicación”.

En la estructura jerárquica del Renap, el Ejecutivo tiene representación en su máxima autoridad, su directorio, por medio de la cartera del Interior. En primera instancia el ministro de Gobernación o, en como su suplente, el viceministro administrativo.

De acuerdo con los documentos oficiales, el proceso de requisición de un nuevo sistema biométrico para almacenar los registros de los ciudadanos, administrados por el Renap, fue avalado el 29 de julio del año pasado por todos los miembros del directorio.

Es decir, tuvieron conocimiento del proceso y lo aprobaron la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, -quien representaba a la instancia en ese momento-, el viceministro administrativo del Mingob, Felipe Sánchez, en sustitución de Francisco Jiménez, quien era el ministro; y de parte del Congreso avaló la requisición Edgar Rodríguez Barrios, electo como representante titular en el 2023, durante la presidencia de Shirley Rivera.

Con lo consignado en las actas, se comprueba que, desde los primeros pasos del proceso administrativo para la adjudicación de la licitación pública, el Mingob tuvo conocimiento y aprobó cada fase. Felipe Sánchez, sigue siendo viceministro administrativo de la cartera del Interior y fue quien firmó todos los documentos oficiales hasta la adjudicación.

Si bien hubo un cambio de ministro en la institución tres meses después del proceso de requisición, el actual titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, no cambió de viceministro administrativo y siguió avalando el proceso.

Se solicitó una postura al Mingob respecto al actuar del viceministro administrativo, sin embargo, no se tuvo respuesta para el cierre de esta edición.