“Tomamos nota con preocupación y decepción del anuncio del gobierno guatemalteco de no querer renovar a partir de septiembre de 2019 el mandato de la Cicig”, dijo el Ministerio de Exteriores alemán.
Berlín, como “importante donante” y “promotor” de la Cicig, “espera” que “Guatemala reconsidere esta decisión” que afecta a una institución que en la última década ha realizado una “importante contribución” al “refuerzo del Estado de derecho” en el país.
A juicio del gobierno alemán, la Cicig es “una señal a la población de toda la región” que evidencia que se puede actuar contra “la corrupción y la impunidad”.
“Se le insta a Guatemala a continuar con sus esfuerzos para reforzar el Estado de derecho y la democracia por el bien de la ciudadanía del país”, demandó en su comunicado el país europeo.
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El Reino Unido se unió a la protesta de otros países donantes contra la medida tomada por Jimmy Morales.
La Cancillería británica expresó en un comunicado su decepción, y resaltó “la valiosa contribución que la Cicig ha hecho a la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
“El Reino Unido, junto a la Unión Europea y otros socios internacionales, ha sido un fuerte partidario de la CICIG y valoramos su trabajo y cercana cooperación con la Fiscal General de Guatemala”, agregó el Reino Unido en el texto, firmado por Sir Alan Duncan, ministro de Estado, quien aseguró que el apoyo a la Comisión continuará.
Lo resuelto por el Ejecutivo también fue comunicado a Naciones Unidas, que recordó la importante contribución de la Comisión en la lucha contra la impunidad, bajo la dirección de Iván Velásquez.
La Unión Europea dijo que no renovar el mandato de la Comisión “es un retroceso” en la consolidación del estado de Derecho.
La Cicig, agregó, ha hecho una importante contribución en la lucha contra la corrupción y la impunidad en los 10 años que ha ejercido funciones a petición del Estado de Guatemala.
“Esperamos que la Cicig pueda continuar durante el resto del periodo, de acuerdo con su mandato, desplegando su operación de forma completa”, señaló el organismo.
El presidente de Guatemala ha anunciado que no se prorrogará el mandato de CICIG. Es muy preocupante. CICIG es crucial en los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y la rendición de cuentas en Guatemala. Haremos todo lo posible para que CICIG pueda continuar su trabajo https://t.co/v4b8pRlF5C
— Suecia en Guatemala (@SwedeninGT) September 2, 2018
Suecia, en tanto, dio una declaración propia. Afirmó que la Cicig es crucial en los esfuerzos para fortalecer el estado de Derecho y la rendición de cuentas en Guatemala, por lo que expresó que “haría todo lo posible” para que pueda continuar su trabajo. Solo en enero último Suecia anunció la donación de US$9 millones para esa instancia internacional.
España lamentó “profundamente” la decisión de Morales y advirtió de que sin este “valioso instrumento será extremadamente difícil que Guatemala pueda mantener y fortalecer la eficacia de su sistema judicial”.
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“Por ello el gobierno de España rechaza la decisión anunciada el viernes pasado por el presidente y le solicita encarecidamente su reconsideración”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
“España ha apoyado desde sus comienzos la labor de la Cicig, con importantes recursos financieros y de personal, reconociendo su encomiable aportación a la mejora del sistema de seguridad y justicia y el refuerzo del estado de Derecho”, se lee en el texto.
— Canadá en Guatemala (@EmbCanGuatemala) September 1, 2018
Canadá expresó decepción y preocupación por la decisión de Morales y aseguró su compromiso de apoyar el estado de Derecho y la gobernabilidad responsable. “El pueblo de Guatemala no merece menos”, indica la declaración de la canciller Chrystia Freeland.
“Trabajando de cerca con el Ministerio Público, la Cicig ha contribuido a asegurar que nadie esté por encima de la ley”, reflexionó.
En tanto, Estados Unidos informó que “está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala” y dijo que la Cicig es un socio efectivo e importante en la lucha contra la impunidad para “hacer que los corruptos rindan cuentas”.
Aparte, el congresista estadounidense James McGovern, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, lamentó que el presidente, “rodeado de militares y policías, haya tomado una decisión muy mala y miope que inevitablemente tendrá consecuencias negativas, no solo para las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, sino especialmente para su propia gente”.
McGovern, quien junto a la congresista de origen guatemalteco Norma Torres y Eliot Engel garantizaron en septiembre del 2017 la cooperación económica de EE. UU. para la Cicig, instó a Morales a reconsiderar la renovación del mandato de esta.
La Cicig reporta que los países cooperantes son Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos (Holanda), Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, instó a los países donantes a que estén vigilantes de lo que pueda suceder en esta coyuntura.
“Agradezco la solidaridad, porque no todos los guatemaltecos somos malagradecidos como el presidente Jimmy Morales”, expresó.
Sin respuesta
La oficina de Comunicación de la Cancillería explicó que, por el momento, el Gobierno no tiene planificado reunirse con los representantes de la comunidad internacional para informarles sobre la decisión presidencial.
Prensa Libre intentó obtener declaraciones de la canciller Sandra Jovel sobre el llamado de los países cooperantes a reconsiderar lo dispuesto sobre el mandato de la Cicig, pero no respondió las llamadas.
Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el tema lo manejará solamente la Cancillería.
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