“Los hechos demuestran que no solo hemos sido respetuosos, sino que además hemos apoyado al sector de Justicia”, añadió Pérez Molina en el departamento de Izabal, en la costa atlántica del país, después de participar en un acto público de su gobierno.
La CICIG y el Ministerio Público iniciaron el pasado 16 de abril una cruzada contra la impunidad en Guatemala, que a la fecha ha desarticulado 13 estructuras criminales y ha arrestado a más de 60 personas, además de provocar la dimisión de la vicepresidenta (2012-2015) Roxana Baldetti.
“No tengo que calificar el trabajo del señor Iván Velásquez, sino respaldarlo. Hay que cumplir y acatar lo que nos corresponde, pero no tengo porqué criticarlo o señalarlo, sino facilitar las actividades que le corresponden”, recalcó el presidente.
Entre los imputados en las tramas de corrupción hay más de una docena de altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina, ocho diputados de dos partidos de oposición, dos jueces, dos alcaldes, un candidato a vicepresidente, más de 25 trabajadores del Estado y varios particulares.
Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, han sido criticados en las últimas semanas por la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), cuyo candidato presidencial a las elecciones del próximo 6 de septiembre, Manuel Baldizón, es el favorito de las encuestas para ganar los sufragios.
La postulación de Baldizón, sin embargo, podría ser descartada debido a una acusación del MP y la CICIG por lavado de dinero en contra de su compañero para la Vicepresidencia, Édgar Barquín, quien se encuentra en medio de un proceso judicial para determinar si se le retira o no la inmunidad que goza como candidato.
La CICIG fue establecida en Guatemala por la Organización de Naciones Unidas en 2007 para investigar y desarticular las estructuras clandestinas dentro del Estado.
