El 19 de abril, la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) publicó un concurso para la adquisición de equipo de defensa, entre los que se encuentran 500 lanzadores tácticos de cartuchos calibre 37/38 mm, 17 mil cartuchos de gas lacrimógena de largo alcance, 5 mil 800 cartuchos de humo color blanco y 5 mil grandas de gas lacrimógeno de triple acción.
Por otro lado, el 5 de mayo el Ministerio de la Defensa Nacional publicó en Guatecompras el concurso para la adquisición de equipo antidisturbios para su Policía Militar. Lo que busca comprar el Mindef son 252 cascos e igual número de guantes, escudos, protectores de rodillas, protectores de codos, chalecos de protección y máscaras de gas con filtro de respirador.
Estas dos licitaciones vencen el 1 y 15 de junio respectivamente para que los agentes de seguridad de ambos ministerios estén debidamente equipados para el mes de julio.
Estas licitaciones generan preocupación entre grupos que han liderado las últimas manifestaciones contra la administración del presidente Alejandro Giammattei y el actuar del Congreso de la República.
“Vemos cómo la ley de ong’s afecta la libre organización y como después del 21 de noviembre aumentó la presencia de la policía en el Palacio Nacional y más policías rodeando el Congreso”, respondió Laura Aguiar de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos.
Por su parte, el estudiante Juan Fernando Vindas de Landivarianos respondió “hacemos un llamado al Congreso y Junta Directiva que se abstengan de limitar derecho de manifestación, desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, se abstengan de reprimir a quienes vayan a manifestar porque es un derecho constitucional”.
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Aunque el Congreso de la República respondió que los batones eléctricos no servirán para atender manifestaciones, sino para proteger las instalaciones del Palacio Legislativo, Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) dijo que esto responde a una “adecuación” de la indumentaria ante las “amenazas” que se han visto en los últimos meses.
“Hay una realidad mundial de que hay movimientos violentos que aparentemente en una protesta hacen toda una colección de hechos delictivos, son movimientos de protesta pacíficos entre comillas”, dijo.
Aunque los dirigentes estudiantiles expresaron su preocupación ante la posibilidad de limitar el derecho a manifestar, Quezada aseveró que “lejos de decir que es represión, es bajarle al uso letal de armas para tener armas más proporcionales a este tipo de conducta proliferada en todo el mundo”.
Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala y miembro del Foro de Organizaciones Sociales Especialidades en Temas de Seguridad (FOSS), agregó que lo importante es que no se pierda de vista la doctrina basada en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
“El contexto político actual nos hace pensar mal, es un contexto muy grave que si lo dejamos pasar como sociedad no sabremos donde vamos a terminar”, agregó Samayoa.
Por esto mismo, aseveró que se deben fiscalizar estas compras, dar a conocer los protocolos de uso de los batones y crear una ruta de denuncia en caso exista un abuso en el uso de estos.
“El problema con este equipo que están comprando para ser utilizado dentro del Congreso es que la Guardia Parlamentaria no tiene entrenamiento previo, además debe ser claro cuál es el procedimiento y criterio donde los usarán”, mencionó Samayoa.
La quema de una parte del Congreso de la República en noviembre del 2020, fue una de las manifestaciones más violentas de los últimos años, aunque al momento existe la duda de si fue una manifestación real de descontento o fue un hecho provocado.
Desde entonces, el Palacio Legislativo permanece rodeado de láminas para evitar el ingreso de personas ajenas al Congreso y cada vez que los diputados sesionan piden que se cierre el paso vehicular varios metros a la redonda, en caso haya manifestaciones de personas por las leyes e iniciativas que aprueban.
