Proyecto de presupuesto contempla menos asignaciones para el Sector Justicia

Las instituciones del Sector Justicia acudieron este viernes al Congreso para solicitar al menos Q1 mil 396 millones más que lo solicitado por el Ministerio de Finanzas en el proyecto de Presupuesto 2019.

La Comisión de Finanzas analiza colocar candados al proyecto de presupuesto del 2019. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)
La Comisión de Finanzas analiza colocar candados al proyecto de presupuesto del 2019. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

Representantes del Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Organismo Judicial (OJ) sostuvieron audiencias públicas con la Comisión de Finanzas del Congreso, para exponer sus necesidades y justificar el destino de más recursos financieros.
 


La primera institución en presentarse fue el MP, cuyo representante explicó que el fortalecimiento del ente investigador es para tener mayor cobertura a nivel nacional y garantizar que los crímenes no se queden en la impunidad.
 
El Ministerio de Finanzas Públicas propuso que para el 2019 la fiscalía reciba Q2 mil 187.5 millones, sin embargo, el MP solicitó que el presupuesto que se le asigne sea de Q2 mil 796.5 millones, como mínimo.
 
Esto significa un aumento de Q609 millones en relación a lo que propuso Finanzas Públicas, es decir, que solicitan un aumento del 27.84 por ciento de lo que propuso en primera instancia el Ejecutivo.

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En el proyecto de presupuesto se le asignaron al Inacif Q 265.3 millones, pero los representantes de esa institución solicitaron a los miembros de la comisión que el presupuesto sea de Q390.3 millones.
 
Es decir, el Inacif solicita un aumento de Q124.9 millones, que representa un 47.08 por ciento en relación a lo que se propuso en el plan de gastos de este año. Estos fondos serían utilizados para nuevos laboratorios que se utilizarían para estudios científicos y peritajes que ayudarían al sistema de justicia.
 
Los representantes del IDPP expusieron a los miembros de la Comisión de Finanzas que sus necesidades presupuestarias para el próximo año serían Q350.7 millones, el argumento fue que si no se fortalece al instituto no se podrá garantizar la justicia.

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El Ministerio de Finanzas estimó que el IDPP debe recibir este año Q243 millones, por lo que la diferencia con lo solicitado a la Comisión es de Q107.6 millones, que es el 44.29 por ciento en relación a lo que el Ejecutivo propuso.
 
Los últimos en sostener la audiencia con los diputados fueron los representantes del Organismo Judicial. El proyecto de presupuesto señala que a ese organismo se le debería asignar Q2 mil 430.6  millones.
 
Pero los representantes del OJ señalaron que es necesario que se les asigne Q 2 mil 985.1 millones, es decir Q 554.4 millones más de lo que se estimó en un principio el Ministerio de Finanzas.

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Al sumar el aumento que cada una de las cuatro instituciones piden el sector justicia suman Q1 mil 396 millones, lo que consideran necesario para garantizar a la población el acceso a la justicia.

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Enviará propuesta

Por la tarde acudieron los representantes del Ministerio de Salud Pública, dicha audiencia giró en torno a la solicitud de ampliación por más de Q600 millones para un aumento salarial de los médicos.

Sin embargo, se confirmó que el Ministerio de Finanzas no incluyó en el proyecto de presupuesto ese aumento presupuestario, por lo que, por ahora, no está contemplado de manera financiera una mejora en las remuneraciones.
 
“Las demandas salariales de los médicos son razonables, pero no existe un proyecto de ministerio como tal”, señaló el vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Rudy Castañeda.
 
La conclusión a la que se llegó fue que ministro deberá enviar una propuesta presupuestaria  para el aumento salarial y que los diputados la revisarían para intentar llegar a un consenso.

Por la tarde la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas exhortó al Congreso a incrementar la asignación presupuestaria del Departamento de Control de Alimentos del ministerio, de manera que se asegure que los productos nacionales e importados cumplan con los estándares sanitarios y de calidad que garanticen la inocuidad de los alimentos.

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