Acusación que de llegar a ser aceptada pone en riesgo su futuro para las elecciones del 2023, al menos esa lectura sostienen expertos en Derecho penal, electoral y política.
Las fuentes analizaron el contexto con el que Torres llega a la resolución de la fase intermedia de un proceso donde es acusada por los delitos de financiamiento electoral y asociación ilícita.
La tesis que maneja el MP apunta que en las elecciones del 2015, cuando Torres perdió la presidencia frente a Jimmy Morales, habría consentido siete aportes económicos que no se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cuando el caso salió a la opinión público los señalamientos del MP daban cuenta que la cifra de dudosa procedencia era de Q19 millones, pero la acusación que fue expuesta para la fase intermedia detalló Q5.9 millones.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la Constitución Política de la República de Guatemala no prohíben la participación a cargos de elección popular, a menos que exista una sentencia condenatoria firma.
Pero el contexto nacional considerando los antecedentes del TSE para aceptar o rechazar candidaturas, junto a la mora judicial que pesa en el Organismo Judicial (OJ), podría complicar las aspiraciones políticas de Torres si alguno de los delitos es aceptado para etapa de juicio.
Principio de inocencia
Para Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, es un hecho que el TSE no debe de violar los derechos constitucionales de ningún ciudadano que tenga aspiraciones políticas.
Pero destaca que también es importante que las autoridades electorales hagan un análisis en profundidad de cada caso, ya que entra a jugar un papel predominante la idoneidad de los posibles participantes para las elecciones del 2023.
“El TSE tiene que revisar bien cada caso y analizar a profundidad para no violar garantías constitucionales de participación; también debe de ser si es viable si alguien va a debate, desde mi punto de vista el TSE se tendría que abstener de inscribir a alguien con un proceso en esta fase”, explicó Franco.
El experto en Derecho penal manifestó que existe una diferencia abismal entre recibir un señalamiento público o una denuncia y entres ser ligado a proceso y enfrentar una audiencia que podría repercutir con un debate oral y público.
“Muchos podría alegar el principio de inocencia pero una parte es el tema jurídico y otro el tema político. Si inscriben a alguien que está en una etapa de juicio se corre el riesgo que pueda ser condenada en un eventual debate y es cuando entran las reservas que tenga el TSE”, señaló.
Criterio electoral
Un primer filtro para aceptar o rechazar una inscripción a candidatura para cargos de elección popular son las autoridades del TSE, quienes deben de hacer una lectura profunda de cada caso.
Así lo dijo María Eugenia Mijangos, magistrada del TSE del periodo 2014-2020, quien compartió algunos de los criterios que utilizaron para rechazar inscripciones para las elecciones del 2015 y 2019.
“Hay que hacer un análisis jurídico de fondo. Si la persona ya está en una etapa donde tienen acusación pero no se ha abierto a juicio conserva su derecho de participación, pero si se llegó a la etapa donde un juez considera que hay elementos para someterlo a juicio ahí si ya no puede participar”, recordó la exmagistrada.
Algo que ha sido frecuente desde su experiencia, según Mijangos, es observar denuncias que pretenden frenar una candidatura porque se dan justo a las puertas de una inscripción política.
“El Derecho electoral no es tan formalista como el penal o el civil porque se auxilia de la ciencia política, acá entran aspectos de tipo político para ser analizados (…) si usted ve que un candidato ya cuando va a participar le presentan denuncias es claro que se busca impedir su participación, el Caso de la UNE tiene hallazgos de la campaña del 2015, hallazgos que vienen de la fiscalización”, refirió Mijangos.
Cambian fecha de asamblea
Los medios de comunicación habían documentado que el partido político UNE tenía programa su asamblea para proclamación de binomio presidencial el pasado 27 de noviembre, pero el equipo de Comunicación Social del partido trasladó una nueva fecha, dejando el evento político para el próximo 8 de enero de 2023.
Sandra Torres, Secretaria General del partido político UNE, manifestó que son respetuosos del debido proceso y que harán un pronunciamiento hasta que finalice la audiencia que está programada para este martes, agregando que la reprogramación de la asamblea de la UNE no tiene relación con la audiencia.
Pero la lectura que sostiene Alejandro Quinteros, politólogo independiente, apunta que este cambio de fecha puede obedecer a una estrategia política de la UNE que espera conocer el resultado de la audiencia para no poner en riesgo su candidatura presidencial.
“La UNE vio con los recientes cambios que solicitó el MP alguna amenaza a algo que ya tenían definido, de esa cuenta por una cuestión de prevención es que cambian la fecha de asamblea de proclamación de candidatos para saber qué pasa con su posible candidata y en todo caso llevar a alguien más dentro del binomio si ella es enviada a juicio”, explicó.
Quinteros considera que de ser enviada a juicio podría ser inscrita como candidata, aunque esto implicaría un tema logístico nunca visto a lo interno del TSE, sin contar que de ser así existirían otros riesgos judiciales.
“Incluso hasta podría haber alguna nueva revisión de medidas que la dejaría con una prisión preventiva y cuestiones que, aunque tenga sus derechos ciudadanos por no ser vencida en juicio, podrían ser obstáculo para ella”, comentó.
Sandra Torres no es la única acusada en este expediente, también figuran Gustavo Alejos, Mynor Zimeri, Nelson García, Julio César López, Carlos López y Víctor de Jesús Duarte.
Si cualquiera de los siete es enviado a juicio tendría que esperar por su debate, al menos, a julio de 2023 por la mora judicial que existe en torre de tribunales, juicio que sería evidentemente después de las elecciones generales del 2023.
