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Sala de Apelaciones libra a tres militares por hurto de 74 fusiles y municiones del Comando Aéreo de Petén
Con el fallo judicial, solo un procesado irá a juicio por el robo de fusiles y miles de municiones del comando ubicado en Petén, cuya entrega al crimen organizado era una de las hipótesis de la Fiscalía.
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Dos coroneles y dos soldados fueron detenidos por su presunta vinculación en el robo de armas, municiones y lanzagranadas del Comando Aéreo del Norte en Petén a finales del 2025. (Foto Prensa Libre: cortesía)
La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén confirmó por mayoría el cierre del caso de tres integrantes del Ejército, vinculados a la investigación por el hurto de un arsenal militar en el Comando Aéreo del Norte.
La resolución rechazó un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público (MP), manteniendo el fallo que se había emitido el 27 de abril por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén.
Con esta decisión, quedan librados del proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes el coronel Carlos Ernesto Ibarra Corrales, el teniente coronel de Aviación, Alain Omar Marroquín Soch, y Josué Israel Pérez Jerónimo, soldado de segunda.
De los cuatro procesados, Ludwin Jonathan Cardona Baltazar es el único que irá a juicio oral y público por los delitos de incumplimiento de deberes y hurto agravado.
El caso y la decisión judicial
Los hechos se remontan a octubre del 2025, cuando se detectó la sustracción de 74 fusiles, tres lanzagranadas, 14 mil 422 municiones y 111 tolvas del almacén militar, un lote de equipo valorado en Q1.075 millones.
Pese a que el MP argumentó la existencia de grabaciones que evidenciaban ingresos irregulares y la desactivación de cámaras aprovechando la falta de supervisión, los magistrados Efraín Berganza Sandoval y Marco Antonio Ramos Sologaistoa consideraron que la fiscalía no aportó evidencias suficientes para demostrar la responsabilidad de los tres militares en el incumplimiento de sus funciones.
La resolución contó con el voto disidente de la magistrada Karol Desiree Vásquez, quien argumentó que la etapa intermedia no requiere certeza absoluta sino indicios suficientes.
La togada enfatizó que en el expediente figuran cerca de 300 elementos de prueba que sustentan la probabilidad de participación de los sindicados, por lo que rechazar la acusación bajo el argumento de que "genera duda" contraviene la ley y encubre graves omisiones en la custodia e inventario del armamento que debieron evaluarse en un juicio.
Sospechas de nexos con el crimen organizado
El hallazgo del robo se produjo gracias a que una especialista de la oficina de inteligencia del Ejército advirtió que las cámaras del almacén no estaban funcionando, ya que el encargado de la bodega no había reportado ninguna falla, informó el Ministerio de la Defensa cuando recién se dio a conocer el caso a finales de octubre del 2025.
Posteriormente, entre el 4 y el 7 de noviembre de 2025, las autoridades realizaron un rastreo exhaustivo en las instalaciones militares, donde lograron localizar parte del armamento oculto en los sistemas de drenaje.
El 7 de noviembre de ese año, Kleiber Sical, entonces jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, señaló la posibilidad de que miembros del comando estuvieran entregando armamento a estructuras criminales, advirtiendo que habría más involucrados dada la magnitud de lo sustraído. A pesar de los operativos iniciales, no se reportaron nuevos avances ni capturas adicionales.
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