Se anticipa batalla legal en contra del Congreso por querer ocultar su nómina de empleados

Los antecedentes por plazas fantasmas en el Organismo Legislativo es el principal riesgo que advierten organizaciones sociales.

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El Congreso solicitó al Ministerio de Finanzas su salida del sistema Guatenóminas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Congreso solicitó al Ministerio de Finanzas su salida del sistema Guatenóminas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Organizaciones sociales y entidades de fiscalización analizan accionar legalmente contra el Congreso por querer ocultar su nómina de empleados, requerimiento hecho por la anterior Junta Directiva del parlamento encabezada por Allan Rodríguez.

La decisión no solamente podría reñir con prácticas administrativas sino hasta con principios constitucionales, según el análisis de la organización Acción Ciudadana (AC).

Entidad que ve una clara violación al artículo 30 constitucional, que estipula que todos los actos administrativos de las entidades de Estado deben de ser públicos.

Edie Cux, director de AC, señaló que de momento el equipo jurídico analiza cual es la mejor vía legal para accionar con el Congreso, donde no descartan acciones de amparo.

“Se violenta el derecho fundamental de acceso a la información pública del artículo 30 constitucional (…) creemos que es un retroceso muy fuerte y estamos muy atentos a incluso, si se concreta presentar las acciones legales que sean necesarias para que se garantice la transparencia y se eviten estas prácticas que son un grave riesgo de corrupción”, señaló el experto.

Una de las entidades públicas que debe de velar para que no se viole el acceso a la información es la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai), adscrita a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La titular de esta oficina, Lilian Sierra, hace mención que también están analizando la situación y de encontrar violaciones también estarían presentando los recursos legales en contra del Legislativo.

“En este caso debemos de ver cuáles son los elementos que se tienen para ver que la información sea pública, hay que tomar en consideración que hay compromisos nacionales e internacionales que señalan que si la información ya está abierta al público un retroceso como estos no se vale, tendríamos que analizar si procede alguna acción legal”, señaló.

El riesgo: Plazas fantasmas

El Congreso de la República no es una entidad con credibilidad, los procesos judiciales contra exdiputados como Gudy Rivera y Pedro Muhadi, por plazas fantasmas son un claro ejemplo de ello, según la lectura de María del Carmen Pelaez, investigadora de la organización Diálogos.

“Preocupa sobre todo por varios casos donde el Gobierno, específicamente el Congreso se ha visto envuelto de señalamientos de plaza fantasma y otro tipo de casos que han llegado a faces judiciales avanzadas en las que se ha visto que existe esta lógica de usar la institución como un botín y no como una herramienta de servicio a la población”, acotó la experta en transparencia.

Este temor también es compartido por AC y la PDH que recordaron como mediante maniobras administrativas los diputados utilizaban las plazas de trabajo como una especie de “canje”, todo para obtener poder político beneficios económicos.

“Se plantea un grave retroceso especialmente en el Congreso, recordemos que en años anteriores se ha evidenciado la existencia de plazas fantasma, monedas de pago políticas que son las mismas plazas, acciones que el Legislativo ha ido utilizando estos mecanismos opacos para influir políticamente en sus decisiones”, señaló Cux.

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¿Qué dicen los diputados?

En rueda de prensa la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso, atribuyó la decisión a la anterior Junta Directiva, explicando que iban a analizar la situación.

Ahora Armando Castillo, integrante de la anterior directiva parlamentaria, atribuye la responsabilidad a un director parlamentario, explicando que recibieron una sugerencia porque la forma en que el Congreso hace diversos pagos en ocasiones genera problemas con la plataforma Guatenominas.

“Fue Recursos Humanos, el director de Recursos Humanos, el que nos plantea la necesidad de definir porque aun cuando en el 2016 se solicitó estar en Guatenominas de parte del Congreso nunca ha estado, eso hay que aclararlo, nunca ha estado al 100%, a veces sí y a veces no”, recordó Castillo.

Pero otros diputados, ante los peligros que han advertido integrantes de la sociedad civil, son de la idea que la decisión tiene que ser revertida. Uno de los congresistas que opina de esta manera es Estuardo Vargas jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“Tuvimos en años anteriores varios problemas de dominio público en el sentido de plazas fantasmas y ese tipo de problemas, tuvieron esos problemas varios diputados que ya la mayoría lo resolvió, pero para evitar dudas y cuestionamientos es importante volver al tema de Guatenominas”, argumentó.

También el diputado Adán Pérez y Pérez, subjefe de bloque Winaq, estima que el Congreso debe de dar marcha atrás. “No podemos exigir a otras entidades si no cumplimos nosotros, hay que cumplir para garantizar la transparencia del movimiento administrativo que se realiza aquí, yo esperaría que se corrija esto y este alto organismo de el ejemplo”.

CGC no profundiza

Entre las instituciones encargadas de velar porque la desvinculación del Congreso con Guatenominas no generé problemas de índole legal, a criterio de las fuentes, están la PDH y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La primera entidad analiza si es viable algún recurso legal para revertir la decisión parlamentaria, pero la CGC se limitó a enviar una postura institucional del tema.

Este medio de comunicación intentó conversar con Edwin Salazar, Contralor General de Cuentas, pero se informó que no era posible en estos momentos, a cambio compartieron la postura oficial del tema que es la siguiente:

“Las entidades del Estado afectas a fiscalización deben someterse a las normas legales vigentes en el país en lo que les sea aplicable. Contraloría General de Cuentas realiza su función fiscalizadora verificando que  cumplan con las normas y procedimientos que les apliquen con el objetivo de transparentar el gasto público”.