Intención de disolver la CC no encuentra apoyo político en el Congreso

Aunque la intención de presentar una iniciativa para disolver la Corte de Constitucionalidad (CC) existe, hasta ahora los parlamentarios dudan de ofrecer su apoyo a la propuesta. 

Diputados en el Congreso buscan firmas para que mediante una iniciativa de ley se disuelva la Corte de constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Diputados en el Congreso buscan firmas para que mediante una iniciativa de ley se disuelva la Corte de constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La mañana de este martes el diputado oficialista Estuardo Galdámez señaló que hasta que no se tengan 105 firmas en la iniciativa esta no se presentará a la Dirección Legislativa para que comience su trámite que se convierta en ley.
 


Galdamez señaló que la razón por la que firmó la iniciativa es porque la CC se excedió en sus funciones y defiende a Iván Velásquez, a quién señaló de promover el homosexualismo.
 
El diputado oficialista también señaló que la CC protege a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a la que acusó de “tratar de implantarnos culturas que los guatemaltecos no aceptan”.
 
Mientras que Javier Hernández Franco, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), reconoció que firmó la iniciativa pero como una decisión personal, no así de bancada. 

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Hernández Franco señaló que considera prudente “que el pueblo de Guatemala decida si tiene que existir la CC”. 

Estancada

En corrillos parlamentarios se sabe que la propuesta de Galdamez de disolver la CC no cuenta ni con 70 firmas, por lo que si se presentara ante la Dirección Legislativa para su tramite no alcanzaría los 105 votos mínimos para convertirse en ley, lo que sería un esfuerzo inútil.

Fuentes cercanas al Congreso sostienen que pese a que en un principio hubo buena aceptación por parte de algunos diputados para el proyecto de ley, conforme pasó el tiempo fue más difícil conseguir el apoyo político. 

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Sin viabilidad 

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de absurda la intención de los diputados de querer eliminar de la Constitución a la Corte de Constitucionalidad y agregó que eso es el trabajo de un gobierno autoritario y mediocre.

“Primero sería una burla hacer un proceso de reforma constitucional a espaldas de todos los sectores, intentar hacer una reforma constitucional en secreto es un asco, y solo ese procedimiento sería atentar contra el principio republicano, contra el proceso democrático del ejercicio del poder. Ahora si saliera una propuesta de esa forma habría que estudiarla porque podría ser que la misma propuesta fuese inconstitucional”, señaló.

La función de la Corte de Constitucionalidad es conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República.

Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes, conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por esta ley.

Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado, conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Entre otras.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ColumnaRelacionadaNota_2017″ /]
Agregó: “Esto no es más que un regreso de un gobierno autoritario y mediocre como el que tenemos, con el objeto de intentar cooptar todo el poder”.

El abogado constitucionalista Stuardo Ralón indicó que en este momento no ve viable suprimir la Corte de Constitucionalidad, por como está redactada la Constitución una reforma constitucional requiere que sea la ciudadanía, el pueblo soberano, el que se manifieste. En este caso si existe tal propuesta y si tuviera los votos en el Congreso la última palabra la tendría la ciudadanía en una consulta popular.

“Hay una crisis en la justicia en general que incluye a la CC, pero el hecho de que haya equivocaciones y crisis y algunos graves errores en algunos fallos no es a mi parecer un camino adecuado en proponer si se suprime o no la Corte de Constitucionalidad. Cualquier reforma constitucional debería salir de un amplio debate sobre todo cuando están cerca las elecciones generales”, refirió Ralón.

Iniciativa

El pasado 13 de noviembre el diputado independiente José Conrado García Hidalgo, señaló que firmó una iniciativa y que se estaban recolectando firmas para poder realizar una consulta popular donde se preguntaría sobre la continuidad de la CC.
 
García Hidalgo señaló que si los magistrados de la CC quieren legislar deberían proponerse y ser electos como diputados al Congreso. Agregó que la Corte “se ha venido degenerando en un cuarto poder que absorbe a todos”.
 
“Le quitó una Junta Directiva a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congreso le bajó la Junta Directiva, entonces no, el pueblo tiene que elegir si quiere que exista una Corte con esas atribuciones y que nadie le diga nada, o que se haga una consulta popular y que pase como era antes una sala que vea lo constitucional dentro de la CSJ”, explicó el parlamentario.

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En ese momento el congresista dijo que se contaba con el apoyo de unos 50 diputados.

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Sin pronunciarse

El pasado 19 de noviembre, luego de participar en una reunión con diputados en relación al presupuesto, la presidenta de la CC, Dina Ochoa, evitó emitir una opinión sobre la intención confesa de los parlamentarios. 
 
Reconoció que han escuchado sobre la intención que hay entre algunos diputados, pero señaló que los magistrados tomaron la decisión de no hacer ningún comentario al respecto.
 
Ochoa señaló que este no es un asunto en el que los magistrados deban opinar y se negó a dar más detalles al respecto.

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