El decreto del presupuesto general determina que a la PDH debían asignarle Q130 millones: en efectivo Q120 millones y Q10 millones en concepto de donaciones.
Faltando cinco días para que termine el año el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseveró que no hay dinero para pagar el salario de los 740 empleados de la PDH.
“Estos fondos son indispensables -los Q30 millones- para cumplir con la obligación y el derecho de los trabajadores correspondiente al salario de diciembre. En cuanto al aguinaldo solo se ha pagado el 50 por ciento como manda la Ley”, expuso Rodas.
El procurador indicó: “como parte interesada en el amparo en ejecución la Corte Suprema de Justicia obliga al Ministerio de Finanzas a desembolsar el resto de dinero de 2019”.
Según Rodas “solo queda que el ministro de Finanzas -Víctor Martínez- cumpla, él tenía algunas dudas, presentó ampliación y aclaración los cuales fueron declarados sin lugar, la resolución última dio plazo a las autoridades impugnadas para que informaran del cumplimiento y verifiqué eso y sí lo presentaron”.
De acuerdo a los datos consultados este 27 de diciembre en el sitio de Transparencia del Ministerio de Finanzas, hasta este 26 de diciembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido Q90 millones 963 mil 81.42 de los Q120 millones 250 mil -Q100 millones 130 mil del inicio más Q20 millones 120 mil de una modificación presupuestaria- aprobados en el presupuesto 2019, por lo que no se refleja el recorte presupuestario del que habla el ministro de Finanzas, Víctor Martínez.
El 18 de diciembre pasado, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Finanzas instó al procurador “a que agote el debido proceso como dicta la ley, para que se pueda atender su requerimiento por medio del Congreso de la República y posterior a ello poder brindar la continuidad correspondiente por parte del Minfin, con el compromiso de hacerlo con la debida agilidad y el menor plazo posible”.
“El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) es respetuoso de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), y del debido proceso que se debe agotar según lo establecido en la ley (Decreto 101-97, Artículo 30) que indica que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a través del Congreso de la República, debe proponer al Minfin la ejecución física y financiera de su presupuesto y así poder fijar la cuota correspondiente de acuerdo con el flujo de fondos requeridos”, señala el comunicado.
Agrega: “El Minfin, continuará con la tramitación del amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), haciendo valer los mecanismos pertinentes para la defensa de las finanzas públicas y el principio de legalidad que deben orientar el presupuesto público. Cabe resaltar que un principio básico de la sostenibilidad de los servicios y la responsabilidad institucional es planificar y contratar de acuerdo a los recursos con los que se dispone”.
“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el sistema financiero del Estado se rige por el principio de desconcentración. De esa cuenta, se informa que existen rectorías y competencias legales que cumplir y dentro de ellas el Minfin no tiene dentro de sus funciones legales el traslado de recursos de forma directa a una Comisión de Trabajo u Oficina del Congreso. Es la Junta Directiva del Congreso la que gestiona y modifica el presupuesto y por medio de su Dirección Financiera que traslada recursos a las Comisiones y Oficinas (La PDH es una oficina del Congreso, regulada en el Decreto 54-86, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos)”, se lee en el documento.
En esa comunicación se informó que El Minfin ha cumplido “con agilidad, prontitud y cabalidad con las asignaciones presupuestarias requeridas por la PDH, en el marco del presupuesto vigente para el 2019. A la fecha se le ha trasladado el 100 por ciento del presupuesto autorizado con ingresos provenientes de la recaudación tributaria. Adicionalmente, la PDH cuenta con un saldo de caja de Q2.3 millones al 17 de diciembre del presente año (Q12.0 millones al 31/12/2018)”.
Readecuación
El ministro de Finanzas, en conferencia de prensa, este jueves 27 de diciembre, argumentó que el presupuesto aprobado para la PDH es de Q100 millones, según el acuerdo legislativo 23-2018 y también se establece en el decreto 25-2018.
“El Congreso de la República aprueba su propio presupuesto y el presupuesto general donde está todo el Estado, ahí vemos que el decreto 25-2018 tiene aporte al Congreso de Q715 millones, pero en el artículo 6 establece que se le debe trasladar -a la PDH- Q120 millones más Q10 de donación y en el artículo 119 le ordena al Ministerio de Finanzas que haga una readecuación del aporte a la Procuraduría de los Derechos Humanos por Q100 millones”, justificó Martínez.
El ministro recordó que el procurador interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del acuerdo legislativo 23-2018 y la Corte de Constitucionalidad le denegó el recurso por lo que “el acuerdo mantiene su vigencia y el monto de asignación -los Q100 millones-“.
Martínez presentó documentación que registran las solicitudes de Rodas para solicitar los aportes y que cumplió “los mecanismos de Ley” para obtener los recursos, pero aclaró que debe seguir aplicando los mismos procesos para adquirir dinero.
Martínez se refiere a que el procurador debe gestionar presupuesto con la dirección legislativa y el requerimiento deber ser aprobado por la junta directiva del Congreso o la comisión permanente.
¿Apoyo?
El diputado Estuadro Galdámez, quien también es integrante de la comisión permanente del Congreso, señaló que por el momento no han sido notificados de que ya le hayan trasladado los fondos para la PDH al Congreso y tampoco han sido convocados para discutir el tema.
Galdámez no está de acuerdo en que se le den los fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, dirigida por Jordán Rodas, porque a su consideración el defensor del pueblo ha malversado fondos de esa institución.
“Así que dígale al procurador que sí puede contar de uno a 10, que no cuente con mi voto para que se le haga la transferencia”, dijo Galdámez, vía telefónica.
El parlamentario explicó que “nadie en el Congreso está autorizado para transferir los fondos, ya que esa es una decisión colegiada de la comisión permanente, y que de los siete diputados que integran esa comisión se necesitan cinco votos”.
“Por ahora él -Rodas- cuenta con mi voto en contra, no sé cómo está con los otros integrantes”, dijo el diputado.
La comisión permanente está integrada por Alvaro Arzú, presidente; Felipe Alejos, vicepresidente; Flor de María Chajón, segunda vicepresidenta; Oscar Armando Escribá, tercer vicepresidente; Estuardo Galdámez, secretario; Juan Ramón Lau, tercer secretario, y Julio Francisco Lainfiesta, cuarto secretario.
Este año, varios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso intentaron promover la destitución de Rodas, pero no lo consiguieron.
Modificación
Al final de la tarde, Rodas aprobó una modificación al presupuesto de la PDH por Q2.2 millones y disminuyó el pago de varios servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía, extracción de basura, alquileres, entre otros.
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