Suspensión temporal de minera agita entorno de conflictividad

Después de 20 años de que Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el mandato  referente a las consultas   a los pueblos indígenas, el Estado parece ausente para emitir normas o legislar al respecto.

Trabajadores de minera San Rafael manifestaron para pedir que se mantenga concesión, en tanto otros pobladores de Santa Rosa exigen que se cierre la mina por rechazo popular. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Trabajadores de minera San Rafael manifestaron para pedir que se mantenga concesión, en tanto otros pobladores de Santa Rosa exigen que se cierre la mina por rechazo popular. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Aunque ha habido intentos, no se ha logrado articular las   leyes que permitan aplicar el mandato del Convenio, situación que ha causado incertidumbre jurídica para la inversión, en especial para minerías e hidroeléctricas, informaron directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

En el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, se trabajó una propuesta de reglamento  con dirigentes indígenas, pero cuando fue presentado  públicamente varias organizaciones comunitarias y sociales lo rechazaron y la Corte de Constitucionalidad (CC) los amparó, según  Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado presidencial para el Diálogo Nacional.

“En otras palabras, la Corte dijo que no se podía reglamentar una consulta si no se consultaba a los pueblos”, comentó.
Balcárcel indicó que le correspondió hacer el acercamiento con el Congreso y otras instancias  acerca del tema, y  encontraron que esste organismo siempre ha tenido  temor de legislar al respecto,  debido a las reacciones que puedan mostrar las organizaciones en general, lo que significaría para los diputados pérdida de votos en elecciones, rechazo a su administración o incluso actos de violencia como amenazas o ataques.

“Lo que encontré fue temor de la reacción de la gente, amenazas, pérdida de votos”, afirmó Balcárcel.

En el 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en un gabinete de ministros de Estado se discutió acerca de la conflictividad, pero cada funcionario, según Balcárcel, tenía un criterio e interpretación diferentes del Convenio y de cómo hacer las consultas. Se dispuso integrar una comisión y traer expertos de la  OIT, y el tema se incluyó en un sistema de diálogo; sin embargo  ya no se le dio seguimiento, debido al escándalo por casos de corrupción detectados en el 2015, añadió.

Desde el 2016,  el presidente Jimmy Morales anunció que el  Ministerio de Trabajo   haría un reglamento, pero ahora las autoridades afirman que se trata de  una guía de estándares básicos para efectuar las consultas, ya que, luego de la resolución que emitió la CC por el caso de la hidroeléctrica Oxec, en mayo del 2017, le corresponde al Congreso  legislar al respecto —lo que conllevaría un reglamento—.

Mientras   esa normativa se aprueba, “el reglamento temporal” es la sentencia  de la CC mencionada, que establece mecanismos de consulta, aseguró esta semana Martín Sacalxot, de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo.  

Balcárcel señaló que no tiene   prueba de años anteriores sobre acciones  del empresariado para no legislar al respecto,  y que desde el año pasado ese sector presiona para que   se reglamente, con el argumento de  falta de certeza jurídica.

El presidente Morales   arremetió ayer contra el Congreso y el Organismo Judicial, aunque aseguró que no defendía a ninguna industria, y abogó por la certeza jurídica, en   un discurso durante  un  acto público  en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“No es posible que estemos cerrando empresas sin haberle dado una salida  que sea responsabilidad plena de nuestra legislación y de nuestras instituciones”, dijo, y advirtió que nadie querría invertir en Guatemala  si a una empresa le suspendieron sus licencias y cayeron en  30 por ciento sus valores de acciones en una bolsa extranjera.

Además, afirmó: “Señores diputados, ¿no quieren una actividad? legislen. Dejen de hablar. Justicia. Parecemos chuchos corriendo sus mismas colas. Queremos justicia, justicia”, enfatizó.

Crece impacto

Cada vez los impactos por la falta de esa normativa  son más visibles, indicaron  empresarios.

El mensaje enviado esta semana, en este caso por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspende en forma provisional las licencias de la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiende Tahoe Resources, es que la inversión no venga a Guatemala porque no se respetan las reglas, coincidieron  el presidente del Cacif, Antonio Malouf; el  de la Cámara de Industria de Guatemala, Óscar Emilio Castillo; y el  de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz.  

El  valor de las acciones de la compañía canadiense cayeron hasta un 38 por ciento debido a la resolución. Según Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la minera, Tahoe Resources  cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Toronto.

El fuerte golpe se debe a que es una suspensión judicial de operaciones, y aunque en  semanas anteriores ya afrontaban problemas por bloqueos de pobladores,   era un problema temporal sobre el cual se estaba dialogando, añadió.

Postura empresarial

Ayer,  el Cacif se declaró en sesión permanente  para impulsar medidas en instancias locales o internacionales, ya que las resoluciones  recientes  ahuyentan  la  inversión extranjera. Presentaron  un recurso de apelación al fallo de la CSJ por el caso de la  mina.

El lunes, el empresariado   pidió  públicamente al Estado la emisión de un reglamento y ese día   Marco Augusto García Noriega, vicepresidente del Cacif, recordó  que  la CC fijó en la resolución del caso de la hidroeléctrica Oxec  los  principios para no suspender el funcionamiento de los proyectos,  pero, agregó:   “parece que   no ha sido suficiente y los tribunales siguen resolviendo” en forma contradictoria. “Debe  existir unidad de criterio”, señaló.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen 33 licencias vigentes para exploración de minería metálica y 31 para explotación. Ya se encuentra  suspendida  por orden  judicial  el proyecto de Progreso VII Derivada —en San José del Golfo— y, ahora, la minera San Rafael El Escobal —Santa Rosa—.

Del  2016 a la fecha no se han autorizado licencias de minería, aseguró el MEM.

Datos del sector refieren que  se reportan 46 sentencias judiciales, 29 de estas relacionadas con minería e hidroeléctricas.

En el Congreso hay dos iniciativas de ley referentes al Convenio 169 que no se han concretado y  hasta ayer no había ingresado un nuevo proyecto.

Impacto empresarial

Según el sector privado, debido a los problemas  en la minera San Rafael se pone en riesgo el sustento de  más de  85  mil guatemaltecos que dependen de ingresos generados por estos  sectores.

Se habla de  17 mil empleos directos —mil cien de la minera y el resto, de empresas proveedoras—.

“El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías, salarios e  impuestos por un día de paralización de labores”, advirtió Dávila.

Agregó que las regalías que deja esa minera al municipio de  San Rafael Las Flores son de Q50 millones anuales, mientras que el situado constitucional es de de Q9 millones,  lo que considera  una importante pérdida.

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