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UE respalda fallo de la CC y advierte sobre uso político del sistema judicial
La Unión Europea respalda el fallo de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala y advierte sobre intentos del Ministerio Público de socavar la democracia y el Estado de derecho.
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La Unión Europea respalda el fallo de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, pero advierte sobre intentos del Ministerio Público de socavar la democracia y el Estado de derecho.(Esvin García).
La Unión Europea (UE) manifestó su respaldo al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitido el 29 de octubre de 2025, en el que se confirma la validez de los resultados electorales de 2023, al suspender la orden del juez Fredy Orellana, quien había declarado la nulidad de todas las actuaciones relativas al partido oficial.
El pronunciamiento del bloque europeo se publicó este 31 de octubre de 2025, un día después de que Guatemala presentara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia sobre un “asedio de guerra legal o lawfare” orquestado, según el Gobierno, por actores corruptos del sistema de justicia con el fin de desestabilizar al presidente Bernardo Arévalo. El gobierno guatemalteco señaló que es un intento de promover un golpe de Estado técnico.
Durante su intervención en la OEA, el canciller Carlos Ramiro Martínez señaló los intentos del Ministerio Público (MP) y del juez Fredy Orellana por socavar la democracia y afectar la gobernabilidad del país.
"Reconocemos el compromiso e importancia de los procesos que vienen, y por eso estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o lawfare. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales, arropándose bajo una aparente legalidad", afirmó el canciller.
Preocupación de la UE por el uso del sistema judicial
En su declaración oficial, titulada “Guatemala: Declaración del Portavoz sobre acciones legales que socavan la democracia y el estado de derecho", la UE expresó preocupación por los continuos intentos de debilitar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala, especialmente a través de acciones legales emprendidas por el MP y otros miembros del sistema judicial contra funcionarios del Gobierno.
“La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su inquietud por la instrumentalización del sistema de justicia y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades electas, líderes indígenas, sociedad civil, medios de comunicación y operadores judiciales”
Unión Europea
Sanciones y seguimiento internacional
El bloque europeo recordó que el Consejo de la UE mantiene sanciones contra ocho personas y una entidad señaladas de realizar acciones que atentan contra la democracia y el traspaso pacífico del poder en Guatemala.
Estas medidas buscan responsabilizar y afectar a quienes promuevan o se beneficien de actos que socaven la democracia o el Estado de derecho, se señala.
Asimismo, la UE reafirmó su compromiso con Guatemala, destacando que continuará apoyando a los sectores que trabajan por la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible.
Resolución de la CC
Movimiento Semilla, agrupación política actualmente cancelada, ganó el binomio presidencial para el periodo 2024-2028 a favor de Bernardo Arévalo como presidente, y Karin Herrera, como vicepresidenta, también ocupa 23 escaños en la décima legislatura del Congreso; y una corporación municipal.
Pero todos esos cargos de elección popular estaban en riesgo, según el presidente Arévalo, abogados expertos en materia constitucional y sectores sociales, que advertían una consecuencia negativa para el régimen democrático del país.
La nulidad absoluta emitida por el juez, a criterio de expertos, pretendía anular todas las actuaciones legales que tuvo Movimiento Semilla, incluidas las candidaturas en las votaciones del 2023, lo que dejaba en incertidumbre que pasaría con los cargos ganados por el oficialismo en las votaciones.
El presidente Arévalo, acuerpado de la bancada oficial y su Consejo de Ministros, denunció el intento de un “golpe”, solicitando incluso el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero ciudadanos que en el 2023 consiguieron un amparo que garantizó la toma de posesión y la defensa de las votaciones, presentaron una debida ejecutoria, que fue resuelta de manera favorable este miércoles 29 de octubre.
La CC resolvió de manera unánime suspender la resolución del juez Orellana y dejar sin efecto los avisos legales que esté mandó al Congreso y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las que pedía dar cumplimiento a lo resuelto.
Advierte prevaricato
La CC también advirtió sentencias pasadas en las que dejaron claras las consecuencias del delito de prevaricato. “El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.
El documento señala que el cargo penal fue creado por los diputados para evitar la actuación arbitraria de los jueces, haciendo referencia a resoluciones contrarias a la ley.
En la resolución, la Corte advierte directamente al juez Orellana que “se abstenga de contravenir disposiciones constitucionales, o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado”.
El organismo indicó que seguirá de cerca la evolución política y judicial, especialmente ante las futuras designaciones de autoridades judiciales y electorales en 2026, las cuales representan una oportunidad clave para fortalecer las instituciones democráticas.
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