Según el monitoreo nacional realizado en junio del 2026 por la organización Acción Ciudadana, la gestión de los recursos públicos en las municipalidades guatemaltecas evidencia un sistema de remuneraciones marcado por la discrecionalidad técnica.

La organización resalta en su informe el caso de San Benito, Petén, como uno de los hallazgos más ilustrativos de un sistema donde el salario base es apenas una fracción del ingreso real. En este municipio, el alcalde Carlos Antonio Kuylen Morales percibe un sueldo nominal de Q6 mil 014.65, cifra que se eleva hasta una remuneración efectiva de Q58 mil 514.65.

Este incremento de 9.7 veces respecto al monto inicial ejemplifica, según el monitoreo de la organización, una tendencia nacional en la que 15 jefes ediles devengó conjuntamente Q1 millón 215 mil 225.92 en un solo mes, operando bajo beneficios económicos aprobados por los propios concejos municipales.

El análisis de las planillas publicado por la organización revela que el ingreso real de estos funcionarios no se sustenta en su asignación fija, sino en el predominio de rubros adicionales como dietas, bonos y gastos de representación, los cuales representan el 69.1 % del total percibido por el grupo de mayores ingresos del país.

En el caso específico de San Benito, Acción Ciudadana documentó que el 89.7 % de la percepción mensual del alcalde proviene de estos componentes variables, destacando un desembolso de Q34 mil 750 bajo la categoría de “otras remuneraciones” que carece de justificación técnica en los portales oficiales.

Esta estructura permitió que los 15 alcaldes con mayor peso de ingresos adicionales sumaran un costo acumulado de Q810 mil 815.88 fuera de sus salarios fijos en un solo mes.

Para Edie Cux, asesor de Acción Ciudadana, esta disparidad salarial responde a una "atrofia del sistema" provocada por la inexistencia de un estándar nacional de servicio civil que regule las remuneraciones de alta jerarquía.

La organización explica que, al amparo del artículo 44 del Código Municipal, las autoridades locales ejercen una discrecionalidad absoluta para fijar sus propios ingresos, ignorando en muchos casos la capacidad financiera real de sus comunas.

Cux advierte que esta falta de integridad fiscal vincula directamente los abusos en las remuneraciones con la erosión de la cultura tributaria, ya que el ciudadano tiende a percibir los impuestos locales como una "caja chica" para las autoridades en lugar de verlos traducidos en servicios públicos básicos.

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