Dicho proyecto expone que a consecuencia de Conflicto Armado Interno las personas que formaron las tropas militares se vieron limitados en su desarrollo integral, debido a que tuvieron que prestar un servicio que les impidió avanzar en otro tipo de conocimientos por los que en la actualidad sufren de secuelas por no contar con esa igualdad de oportunidades.
Por ello se hace necesario, según la iniciativa, reconocer el trabajo que prestaron los militares en situación de retiro por medio de una compensación económica, que les permita mejorar sus condiciones de vida.
Esta propuesta ingresó a Dirección Legislativa el 29 de noviembre de 2019 y fue impulsada por el bloque legislativo Todos. La propuesta aparece firmada por el diputado Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández, quien en la actualidad integra el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La iniciativa de ley expone que cada militar que demuestre que prestó sus servicios durante la época de la guerra podrá optar a Q120 mil quetzales, pero por no estar definida la cantidad de personas que podría aglutinar la propuesta el Estado de Guatemala tendría que destinar al menos Q36 mil millones.
“La esperanza e ilusión de esta compensación que tanto espera el veterano porque estamos afectados económicamente, a esta edad ya no nos dan trabajo. No contamos con un empleo, nuestros veteranos de guerra están totalmente abandonados, muriéndose por vejez, muriéndose por hambre, muriéndose por covid, créame que no es justo que estemos abandonados y olvidados”, señaló Jorge Vega, representante de todas las asociaciones unidas de miliares en situación de retiro.
Este lunes los veteranos de guerra salieron a las calles para exigir a un Congreso que se encuentra en periodo de receso la aprobación de la indemnización, pero tras una mesa de diálogo que encabezó la Comisión de Defensa del Legislativo los inconformes levantaron las medidas de hecho que estaban previstas para tres días.
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Plazos y alternativa
Los militares en situación de retiro acordaron dar al Congreso los próximos cuatro meses para que su iniciativa reciba dictamen favorable, y posteriormente se apruebe en el primer, segundo y tercer debate parlamentario.
Ellos dan de plazo octubre para que el monto, que está por definirse, sea tomado en cuenta para el proyecto de presupuesto 2022, ya que dejar la aprobación después no les garantizaría acceder a la ayuda económica el siguiente año.
Según Fernando Ixpanel, analista político de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), cuatro meses es un tiempo prudente para que una iniciativa de ley camine, pero considera que el fondo de la propuesta no es del todo viable por la crisis actual que enfrenta el país.
“Al menos lo que se está proponiendo en la actualidad para Guatemala es algo inviable económicamente por el tema del presupuesto y por las necesidades que existen debido a la pandemia, de analizarse la indemnización en un periodo muy corto de tiempo también se tendría que estudiar análisis presupuestarios para ver el impacto fiscal que podría tener para la nación”, señaló el experto.
Por su parte el diputado Hugo Rodríguez, de la Comisión de Defensa Nacional y del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), coincide que la pandemia puede afectar esa propuesta económica, pero esta consiente que se debe de dar una ayuda económica a los militares que participaron en la guerra.
“Yo pensaría y lo voy a comentar en la comisión, tal vez no darles una indemnización pero si una pensión podría ser. Si el Estado no está capacitado económicamente para pagar esta cantidad exuberante de cerca de Q42 mil millones, quizás si una pensión para cada uno, decirles que será un pago mensual de tal fecha a tal fecha, que se conozca en el Congreso y que pasemos la ley”, propondrá a otros diputados en una reunión prevista para esta semana.
Defensa sin postura y sin datos
Consultamos con el departamento de Comunicación Social del Ministerio de la Defensa si tenían algún pronunciamiento por las acciones y peticiones de los militares en situación de retiro, pero se informó que por ya no estar bajo el abrigo de la institución la cartera no podía dar una declaración.
Así mismo explicaron que están trabajando en una base de datos para conocer con exactitud cuántas personas formaron las tropas militares de 1960 a 1996, trabajo en el que ya llevan algunos meses porque deben de revisar documentos físicos y archivos, ya que en aquella época no existía tecnología.
Por su parte Mario Mérida, analista independiente y docente universitario, considera que esta petición de indemnización podría establecer un precedente para futuras solicitudes, aunque destaca que las acciones recientes nacen para buscar una respuesta a un ofrecimiento político.
“Me pareció poco solidario el Ministerio de la Defensa cuando el Gobierno decidió dar Q1 mil a todos los servidores públicos y la cartera dijo que nosotros (militares en situación de retiro) no teníamos derecho a eso porque no éramos ni funcionarios públicos ni nada, es decir, Q1mil más o menos no son de utilidad, pero hay oficiales jubilados que ganan Q1,500 o Q2 mil, no creo que el Ministerio de la Defensa asuma una responsabilidad más de carácter moral que legal”, explicó el experto.
