La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, California, añadió, no obstante, que un tribunal inferior fue demasiado lejos cuando bloqueó la medida en todo ese país.
El juez de distrito William Orrick dijo en noviembre que la orden ejecutiva de Donald Trump amenazaba a toda la financiación federal y que el presidente no tenía la autoridad para asignar nuevas condiciones al gasto aprobado por el Congreso.
El fallo se produjo a raíz de dos demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara.
La administración de Trump dijo que la orden contra “ciudades santuario” se aplica a una cantidad relativamente pequeña de dinero que ya requiere el cumplimiento de la ley de inmigración.
Orrick, que se pronunció ante las demandas presentadas por Santa Clara y San Francisco, había bloqueado temporalmente la orden en abril del año pasado antes de su decisión permanente de noviembre.
En un comunicado emitido entonces, el Departamento de Justicia de EE.UU. expresó que Orrick “se excedió en su autoridad” al bloquear la orden de Trump.
El presidente proclamó esta orden durante su primera semana en el poder, en una clara declaración de intenciones sobre las políticas de la Casa Blanca para combatir la inmigración.
Alrededor de 200 entidades locales entre ciudades y condados protegen de la deportación a los inmigrantes, entre las que se incluyen las principales urbes del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.
¿Qué es una Ciudad Santuario?
Grandes metrópolis estadounidenses que reconocen el aporte que recibieron de los inmigrantes, pero también condados o estados enteros como Nueva York y California, reivindican el estatus de Santuario.
El nombre tiene sus raíces en los años 1980, cuando muchas iglesias acogieron refugiados de las guerras civiles de Centroamérica que no consiguieron asilo.
Tienen en común que “se niegan a cooperar con las autoridades migratorias”, explica Michael Kagan, jurista y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada.
Se niegan a cumplir sobre todo con los pedidos de detención de los clandestinos solicitados por las autoridades migratorias. Y se niegan a mantener en prisión más tiempo del requerido a un inmigrante sin papeles condenado para facilitar su deportación.
Algunos adoptaron textos que piden especialmente a su policía municipal, y a veces también a las escuelas o servicios de salud, que no denuncien a los inmigrantes sin papeles a las autoridades migratorias, o hacerlo solo en casos excepcionales.
Algunas ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago o San Francisco se niegan incluso “a todo intercambio de información” con las autoridades migratorias, según Jessica Vaughan, del muy conservador Centro para Estudios Migratorios.
Otras ciudades estadounidenses catalogadas como santuario son: San Diego, Los Angeles, Miami, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland (ambas Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y todo el estado de New Jersey.
La semana pasada, el secretario de Justicia del estado de Nueva York anunció que aconsejaría desde el punto de vista jurídico a todas las autoridades locales que quieran proteger a sus inmigrantes sin papeles.
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