El uso de tecnología de vigilancia, detenciones masivas y políticas de control en la región de Xinjiang, China, fueron algunos de los principales temas abordados por Rushan Abbas, fundadora y directora ejecutiva de Campaign for Uyghurs, durante el Simposio de Ciberseguridad organizado por el Global Cooperation and Training Framework (GCTF), el 7 de abril, en la ciudad de Guatemala.

Durante su intervención, Abbas relató los abusos que viven los uigures (una etnia originaria del país asiático), a través de la implementación de sistemas de vigilancia que incluyen cámaras con reconocimiento facial, rastreo GPS y controles de acceso en viviendas.

La activista explicó que la población uigur se estima entre once y doce millones, y aseguró que alrededor de tres millones fueron llevados a centros de detención entre 2018 y 2019. Según indicó, estas detenciones no estarían relacionadas con delitos específicos, sino con la identidad cultural, religiosa y lingüística de este pueblo.

“Cada dato de sus rostros, como células o ADN, todo es mapeado e introducido en este sistema de vigilancia”, señaló. También indicó que existen controles constantes en espacios públicos, donde las personas pueden ser detenidas y sus dispositivos revisados por autoridades.

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Abbas describió a Xinjiang como una región estratégica para China por su ubicación geográfica y sus recursos naturales. “Es una puerta de entrada de China a Asia Central, a Europa, a Oriente Medio y a África. Por eso la región se convirtió en una ubicación estratégica para el plan de Xi Jinping para la dominación global”, explicó.

Urumqi solía ser una de las ciudades más pobladas de China, donde los uigures solían llegar después del atardecer y vender sus productos. Sin embargo, luego de las detenciones masivas, la ciudad luce vacía. “La mayoría de los uigures están en sus casas y los barrios se han convertido en pueblos fantasma. La tecnología se usa para suprimir por completo los derechos de las personas”, narró.

Sistemas de vigilancia

Durante la ponencia, Abbas detalló el funcionamiento de los sistemas tecnológicos implementados en la región. Explicó que las cámaras instaladas cuentan con software de reconocimiento facial y dispositivos de rastreo, además de sistemas de escaneo infrarrojo en accesos a puertas, que permiten registrar quién entra y sale de las viviendas.

Según su testimonio, las autoridades recopilan información biométrica de la población. “Sus muestras de ADN fueron recolectadas a la fuerza. Todo es mapeado e introducido en este sistema de vigilancia. Pueden observar y monitorear cada movimiento del pueblo uigur”, señaló.

También describió controles frecuentes en espacios públicos. “La gente se detiene cada cien metros. Pasan por controles de seguridad como los de los aeropuertos, la policía puede detenerte, revisar tu teléfono y extraer toda la información. Si tienes algo que el gobierno chino considera ilegal estás sujeto a detención”, indicó.

A esto se suma el uso de datos de transacciones financieras y registros de hogares, que, según explicó, forman parte de los sistemas de control.

Trabajo forzado

Durante su intervención, Abbas abordó el trabajo forzado en la región, el cual —según explicó— se implementa bajo argumentos vinculados a la sobrepoblación. Señaló que, mediante el uso de tecnología y la recopilación de datos, las autoridades tienen acceso a información sobre bienes, propiedades y tierras de la población uigur, lo que ha derivado en procesos de confiscación.

“De 2001 a 2021, la transferencia de tierras y la confiscación de propiedades aumentaron cincuenta veces”, afirmó. Según indicó, esto ha modificado las condiciones de subsistencia de la población, ya que las tierras que una vez los uigures utilizaban para sobrevivir ahora son trabajadas bajo condiciones de trabajo forzado.

Abbas aseguró que estas dinámicas tienen un impacto más allá del ámbito local. “El trabajo forzado uigur está impactando diecisiete industrias en todo el mundo”, señaló. Asimismo, mencionó el traslado de jóvenes a otras regiones del país. “El Partido Comunista Chino envía a los uigures, especialmente después de la universidad, a fábricas en China. Los arrancan de sus vidas, de sus familias y de sus escuelas, y los envían a trabajar gratis”, afirmó.

“¿Cómo puede cualquier empresa del mundo o cualquier país competir con mano de obra gratuita? Básicamente, esto está destruyendo la economía global aquí, en Estados Unidos, en el sudeste asiático, en cualquier otra parte del mundo”, comentó.

Cambio de cultura

Abbas explicó que algunas medidas están relacionadas con transformaciones sociales y culturales en la población uigur. Señaló que estas incluyen procesos de separación familiar y reubicación de menores. “Alrededor de un millón de niños uigures ahora son enviados a orfanatos estatales”, indicó.

Según su testimonio, estos centros cuentan con medidas de seguridad estrictas y en ellos los menores permanecen bajo supervisión. “Les imponen su idioma, su religión y su cultura”, afirmó. Asimismo, mencionó la presencia de funcionarios dentro de los hogares. “1.1 millones de chinos fueron puestos en hogares uigures para supervisar y monitorear la vida diaria”, aseguró.

También comentó que la mayoría de los hombres son enviados a campos de concentración o a trabajos forzados, mientras que las mujeres son sometidas a abusos sexuales dentro de sus propios hogares. Según la activista, el gobierno chino está fomentando el matrimonio forzado, al otorgar dinero y vivienda para que se casen con niñas uigures. Contó que, si las mujeres se oponen a casarse, sus familiares son enviados a campos de concentración.

Asimismo, comentó que recientemente se aprobó la Ley de Unidad Étnica, con la finalidad de que nadie pueda negarse a los matrimonios masivos. “Todo lo que están haciendo es para erradicar la cultura y el idioma del pueblo uigur, con la esterilización y abortos forzados. La tasa de natalidad uigur cayó a cero por ciento en algunas de las áreas más pobladas y el gobierno chino ni siquiera lo está ocultando”, mencionó.

Persecución

Abbas también se refirió a la situación de uigures que residen fuera de China, quienes —según indicó— mantienen vínculos con familiares detenidos en su país de origen. “Casi todos ellos tienen a miembros de su familia en prisión, el gobierno chino básicamente tiene a nuestros familiares como rehenes”, afirmó.

En ese contexto, señaló que estas situaciones pueden influir en quienes denuncian estos hechos. “Mantienen a sus familiares como rehenes para castigarnos y silenciar nuestras voces”, expresó.

La activista compartió su experiencia personal como ejemplo. Indicó que, para el verano del 2018, varios de sus familiares desaparecieron. “Veinticuatro miembros de mi familia extendida desaparecieron”, afirmó.

Asimismo, relató que su hermana, la doctora Gulshan Abbas, fue detenida tras sus pronunciamientos públicos. “El gobierno chino se llevó a mi hermana cinco días después”, señaló. Desde entonces, indicó que permanece en prisión.

Posteriormente, Abbas explicó que conocieron la situación legal de su familiar. “Un año después, supimos que mi hermana había sido sentenciada a veinte años de prisión por el tribunal secreto chino”, afirmó.

También mencionó gestiones realizadas para visibilizar el caso, incluidas conferencias de prensa en Washington. Según indicó, tras la cobertura mediática, autoridades respondieron a consultas de periodistas. “Cuando uno de los reporteros preguntó por mi hermana la llamaron criminal”, señaló.