“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la FGR en un comunicado.
La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la fronteriza ciudad Juárez, mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño calificó de un “crimen de Estado” y por el que pidió la remoción de los titulares de la política migratoria de México.
La Fiscalía mexicana explicó que su actuar se da luego de determinar “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Esto, después de indicar que la función del INM es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
La FGR recordó que el 31 de marzo pasado, solo cuatro días después del incendio en la estación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, también se dio otro incidente en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco, al sur del país, dejando una persona muerta y 14 lesionados.
Asimismo, expuso que dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalar, “con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Es por ello, que la Fiscalía mexicana también indicó que se precederá penalmente en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que, dijo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
Por su parte, indicó que la empresa privada encargada de la seguridad en los centros del INM se dio con base en contratos públicos asignados de forma directa, “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servidos”.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, abundó la FGR.
En este sentido, la Fiscalía mexicana determinó que todos estos antecedentes muestran una “serie de conductas ilegales y omisas” que son “elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia”.
Anteriormente, la FGR ya había informado de la detención de cinco personas, entre personal del INM y de la empresa privada a cargo de la seguridad, lo que le permitió obtener ms datos en su investigación del caso.
Este mismo lunes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió que los 40 migrantes que fallecieron por este incendio en un centro migratorio mexicano en la frontera norte de México no pudieron escapar porque la persona que tenía la llave no estaba.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.
