Este 18 de septiembre ha entrado en vigor una nueva ley de la Administración de Donald Trump que negaría la residencia permanente (Green Card, en inglés) a aquellos inmigrantes que reciban ayudas del estado y que puedan ser considerados una "carga pública".

Esta normativa supone el segundo intento de Donald Trump para endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS, en inglés) detalla en su portal oficial que esta normativa se alinea con la intención del Congreso de que los ciudadanos extranjeros deben "ser autosuficientes" y "que no dependan de beneficios gubernamentales".

¿Qué es ser considerado una "carga pública"?

Se trata de una causa de inadmisibilidad que permite a las autoridades estadounidenses negar ya sea la visa, el acceso al país o la residencia permanente a personas que, según determinen las autoridades, dependan de los beneficios públicos del estado.

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¿Para quienes aplica?

Esta reglamentación afecta solo a solicitantes de residencia permanente basados en una petición familiar, como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, o por peticiones basadas en el trabajo.

Los solicitantes de tarjeta de residencia por medio de peticiones de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) no están sujetos a esta norma.

¿Cuáles son las nuevas directrices?

La nueva guía de carga pública otorga a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para denegar la residencia permanente.

La instrucción ahora considera más tipos de beneficio público, como asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.

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Además, se tendrá en cuenta los beneficios públicos utilizados por familiares (hijos, padres, cónyuges), si el solicitante es responsable de mantener a esos familiares y el beneficio depende de sus ingresos.

También, se evaluarán factores del solicitante, como la edad, el tamaño del hogar, su estado de salud y su historial crediticio.

Incluso si el solicitante de la residencia tiene un patrocinador este no sería, por sí solo, suficiente para demostrar que el inmigrante no será una carga pública y USCIS puede determinar que es una carga pública.

¿Cuándo entra en vigor?

La nueva directriz de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre de 2026, lo que significa que todas las solicitudes de residencia permanente en las categorías familiar y de empleo serán revisadas bajo el nuevo parámetro.

Cualquier solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con sello del correo del o antes del 17 de septiembre del 2026 se evaluará conforme a la regla del 2022, impuesta por el Gobierno del expresidente Joe Bidem (2021-2025), que revirtió los cambios hechos por el republicano en 2019 y relajó la veda.

¿Esta normativa afecta a solicitantes de fuera de EE. UU.?

Aunque las directrices de USCIS no se aplican a las solicitudes que se definen a través de un proceso consular en el extranjero, se espera que los consulados sigan políticas similares.

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