Rejas, dibujos de tristeza y una sola súplica: “déjennos ir”. Así retrata uno de los hijos de Hayam El-Gamal la experiencia de su familia tras más de ocho meses detenidos en el centro para familias migrantes de Dilley, el único que continúa operando en Estados Unidos.

Las instalaciones, ubicadas en Dilley, Texas, a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, permanecieron cerradas durante varios años bajo la administración de Joe Biden (2021-2025). Sin embargo, fueron reabiertas por el Gobierno del presidente Donald Trump como parte de su política para acelerar arrestos y deportaciones de migrantes.

Actualmente, más de 1 mil 400 personas permanecen recluidas en este centro, entre ellas alrededor de 400 menores de edad, incluidos bebés en etapa de lactancia. Abogados que representan a las familias han denunciado condiciones inadecuadas de detención, ahora agravadas por un brote de sarampión, según testimonios recabados por la agencia EFE.

LECTURAS RELACIONADAS

Rumores sobre operativos de agentes del ICE vacían aulas en una escuela secundaria de Florida

Qué muestra el video que Trump compartió sobre los Obama y por qué generó controversia

“No hay atención médica real”, denuncian abogados

Hayam El-Gamal y sus cinco hijos —los menores, gemelos de cinco años— fueron trasladados a Dilley tras ser arrestados en Colorado en junio del año pasado. El centro es administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El esposo de Hayam, Mohamed Sabry Soliman, enfrenta acusaciones por un presunto ataque durante una marcha pro-Israel en Colorado. No obstante, la mujer y sus abogados aseguran que la familia desconocía los planes del acusado, versión que fue respaldada por un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sus siglas en inglés) ante un tribunal federal.

Mientras los abogados intentan frenar la deportación a Egipto y avanzar en la solicitud de asilo, la familia ha experimentado lo que califican como una grave falta de atención médica. Uno de los hijos, de 16 años, sufrió apendicitis y, pese al dolor extremo, solo recibió paracetamol hasta que su condición se agravó y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Casos similares han sido documentados por ONG y defensores de derechos migrantes. Javier Hidalgo, abogado de Raíces Texas, afirmó que el centro es “un verdadero foco de gérmenes” y que casi todos los niños enferman en algún momento.

LECTURAS RELACIONADAS

"No somos aliens": Por qué Bad Bunny utilizó esta expresión en contra del ICE durante la premiación de los Grammy

Trump comparte y luego elimina un video que representa a Barack y Michelle Obama como simios

Brote de sarampión y falta de transparencia

Tras confirmarse dos casos de sarampión, el Gobierno estadounidense ordenó el confinamiento del centro. Sin embargo, abogados denunciaron falta de información clara sobre la situación interna.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el personal médico monitorea a los detenidos y que se han tomado medidas para evitar la propagación del virus. Aun así, defensores legales dudan de la capacidad real del Gobierno para contener el brote, recordando que durante la pandemia no se aplicaron confinamientos prolongados.

Impacto psicológico en niños migrantes

“Decir que existe una cárcel para niños en Estados Unidos debería alarmar a todo el mundo”, advirtió Chris Goodman, abogado y representante de la familia El-Gamal.

Abogados y especialistas coinciden en que la detención prolongada de menores migrantes tiene efectos severos. Un estudio publicado en 2025 en el British Journal of Psychiatry reveló que el 42% de los niños detenidos presenta depresión.

Verónica Franco, abogada de inmigración en Houston, señaló que los daños emocionales persisten incluso después de la liberación. Además, denunció la interrupción del proceso educativo, ya que los menores solo reciben materiales básicos, sin acompañamiento docente.

Datos del Proyecto de datos sobre deportaciones (Deportation Data Project ) muestran que la detención de niños migrantes aumentó significativamente durante el primer año del actual Gobierno: entre enero y octubre se registró un promedio mensual de 170 menores arrestados, frente a 25 durante los últimos meses de la administración anterior.