Además, integró un equipo especial para investigar los hechos y, en su caso, retomar los procesos penales contra las personas vinculadas en el caso, según un comunicado emitido este viernes por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El reporte indica que el pasado 4 de abril, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ordenó la integración de un equipo especial compuesto por fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial para enfocarse en la “investigación exhaustiva de los hechos” registrados en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994.
Según el CJF, el caso fue asignado al fiscal Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y se apuntó que el 6 de junio se envió la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
Entre las primeras acciones, los fiscales solicitaron a la dirección general del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, copias de las constancias del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el Caso.
Un único condenado en el caso
Como parte de la reapertura del caso, se solicitó a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, copia de las constancias de las quejas o denuncias impuestas por Mario Aburto Martínez —presunto asesino material de Colosio— o de alguno de sus familiares ante ese organismo.
El 26 de octubre de 2021, la CNDH, mediante una recomendación, había indicado a la FGR realizar una nueva investigación del caso de Aburto por violaciones graves a sus derechos humanos.
La CNDH dijo en aquel momento que la nueva investigación o la reapertura de la anterior “tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos”.
Dos días después, el 28 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección del Estado a Aburto por presuntas denuncias de tortura.
“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, manifestó López Obrador en conferencia de prensa en el estado de Yucatán.
“A nosotros nos interesa mucho que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron”, expresó el 23 de marzo de 2021 López Obrador, quien calificó de un “asunto de justicia y un asunto de Estado” el caso de Aburto.
El pasado 23 de marzo, cuando se cumplieron 28 años del magnicidio, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) pidió a López Obrador, la creación de una comisión de la verdad del caso Colosio, con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y de hacer justicia.
Además, solicitó al mandatario mexicano que se le “otorgue el indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato del PRI a la Presidencia en 1994″.
Colosio, del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994 mientras saludaba a la multitud en un mitin en el popular barrio de Lomas Taurinas, en la fronteriza Tijuana.
Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.
La CIDHPDA precisó que hizo la solicitud de indulto al presidente López Obrador cuando los padres de Aburto, que residen en Estados Unidos, solicitaron reabrir el caso para comprobar su inocencia.
El asesinato de Colosio se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país en el periodo 1920-1924.
